Dirigentes de diversos espacios políticos firmaron una declaración conjunta en defensa de la libertad de prensa, con cuestionamientos directos al presidente Javier Milei por los ataques persistentes contra periodistas y medios de comunicación.
El documento, titulado “25 de Mayo y un compromiso democrático en defensa de la libertad de prensa”, advierte: “Observamos con preocupación la escalada de las expresiones desde el máximo estamento de poder, cómo el Presidente de la Nación, y muchos de sus seguidores, usan la descalificación, el insulto o hasta denuncias contra periodistas, o ataques a los propios medios de comunicación, como un intento de deslegitimación de su palabra”.
La declaración sostiene que estos ataques no buscan esclarecer la verdad, sino que se valen del poder del Estado para “intimidar, silenciar y disciplinar a quienes ejercen su labor de manera crítica”.
En esa línea, se convoca a una reacción colectiva y urgente desde la política y todos los sectores sociales para enfrentar esta situación.
El texto fue redactado por el presidente del GEN, Sergio Abrevaya, y cuenta con las firmas de referentes como Margarita Stolbizer (GEN); Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto y Mónica Fein (Encuentro Federal); Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria); Carla Carrizo, Martín Lousteau y Julio Cobos (UCR); Paula Oliveto y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica); Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri (PRO); Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y el exradical Facundo Manes.
En uno de sus párrafos más destacados, el documento subraya: “Nuestra fecha patria, este 25 de Mayo, es una oportunidad para ratificar el compromiso democrático con la libertad de prensa”, y hace un llamado a la unidad de líderes políticos, organizaciones sociales, universidades, entidades periodísticas y ciudadanos para firmar un compromiso público en defensa de la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
La declaración incluye una serie de principios orientados a la acción, entre ellos:
- Apoyo irrestricto a la libertad de expresión, incluso ante críticas internas.
- Denuncia pública constante de todo intento de hostigamiento desde el poder.
- Uso de canales institucionales y sociales para visibilizar y condenar ataques a la prensa.
- Defensa de la ética en la convivencia política, especialmente en contextos electorales.
En su conclusión, el texto advierte: “El silencio frente al autoritarismo es una forma de complicidad. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con una Argentina donde la crítica no sea delito y la verdad no tenga dueño”.
Finalmente, se alerta sobre un “grave retroceso institucional” a raíz de la incitación al odio y los episodios de violencia contra periodistas, hechos que afectan directamente la convivencia democrática y el respeto por el disenso en la vida pública.
