En una resolución que reavivó las tensiones entre el Poder Judicial, la política bonaerense y los actores que siguen de cerca el caso “Chocolate” Rigau, el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, descartó que los llamados “prestanombres” —es decir, los contratados cuyos sueldos eran cobrados por otros— integraran una asociación ilícita. En cambio, resolvió que muchos de ellos no actuaron como miembros activos del entramado delictivo, sino como meros “instrumentos” o “medios” que habrían sido utilizados por la organización central.

La decisión provocó críticas en diversos sectores que consideran que sin los contratados prestando sus datos personales, cuentas bancarias y tarjetas de débito, el mecanismo fraudulento hubiera sido inviable. Todos los detalles que contienen la resolución judicial a la que accedió #BORDER.

"No hubo voluntad de ligarse"

En su resolución, Atencio admitió que el caso exhibe una ingeniería delictiva compleja y reiterada, con múltiples actores, roles definidos y un perjuicio económico que superaría los 800 millones de pesos. Sin embargo, afirmó que no todos los partícipes deben ser considerados integrantes de una asociación ilícita.

“La figura penal de la asociación ilícita exige cohesión grupal, permanencia en el tiempo y la voluntad explícita de sumarse al acuerdo criminal”, escribió el magistrado. A su criterio, los contratados que cedieron sus tarjetas “no han exteriorizado esa voluntad de ligarse” a la estructura principal.

Más aún, agregó que la investigación no pudo descartar de forma categórica que estas personas hayan sido “utilizadas como medios”, probablemente a cambio de una contraprestación menor, como el acceso a la obra social IOMA o un ingreso simbólico que no refleja el total de los sueldos percibidos en sus cuentas.

Para Atencio, este grupo de acusados no participó en la planificación, dirección ni beneficio sustancial de la maniobra. Por eso, aunque serán juzgados por fraude contra la administración pública, quedaron afuera de la acusación por asociación ilícita.

Una organización con jerarquía interna y roles definidos

El criterio del juez contrasta con la postura de la Fiscalía, que impulsa la elevación a juicio del caso bajo la hipótesis de que existió una asociación ilícita en funcionamiento, liderada por Julio Segundo Rigau —el puntero del Frente Renovador platense detenido con 48 tarjetas de débito y una suma millonaria en un cajero automático— junto a Claudio Albini (Subdirector de Personal de la Cámara de Diputados) y su hijo, Facundo Albini.

La investigación describe una estructura estable, con división de tareas: algunos extraían el dinero de los cajeros automáticos, otros rendían cuentas al líder del grupo, y otros —como los Albini— definían el destino final de los fondos. Todo esto se habría realizado bajo la cobertura formal de contratos en la Legislatura bonaerense.

Uno de los elementos clave del expediente es la evidencia documental y digital: movimientos bancarios sospechosos, registros de cámaras de seguridad, conversaciones telefónicas entre los imputados, y testimonios que indican que varios de los contratados no cumplían tareas reales. Incluso algunos se encontraban fuera del país en plena vigencia de sus contratos, como María Eugenia Rodríguez.

La fiscalía sostiene que los contratados firmaban acuerdos sabiendo que no debían asistir a trabajar, y a cambio cedían sus tarjetas de débito y claves a los organizadores de la maniobra, quienes se encargaban de extraer los fondos en forma sistemática.

Resistencia a la elevación a juicio y una defensa con múltiples argumentos

Ante la requisitoria fiscal para llevar el caso a juicio oral, varias defensas presentaron oposiciones y pedidos de sobreseimiento. Algunos abogados defensores cuestionaron la falta de precisión del requerimiento y sostuvieron que no hay evidencia concreta de que sus defendidos conocieran la maniobra delictiva ni hayan sido parte voluntaria de ella.

Entre sus argumentos, plantearon que:

• No se puede hablar de fraude si los titulares de las cuentas “consintieron” el uso de las tarjetas.
• No hay prueba de que los contratados no trabajaban efectivamente.
• No existe perjuicio económico concreto porque los sueldos fueron cobrados con autorización de los titulares.
• Se generaliza la imputación sin individualizar conductas específicas.

Sin embargo, el juez Atencio rechazó estos planteos y respaldó la elevación a juicio. Señaló que el requerimiento fiscal cumple con los requisitos legales, detalla la autoría, el modo de participación y está sostenido en prueba objetiva. Aclaró que no es necesario probar aún el dolo en su totalidad, sino que los indicios reunidos permiten avanzar al debate oral.

El circuito del dinero y la trama oculta de una caja política

Según la causa penal, el circuito del dinero se iniciaba con contrataciones ficticias en la Cámara de Diputados, muchas veces sin control externo alguno. A los contratados se les entregaban tarjetas de débito, que eran luego utilizadas por personas como Julio “Chocolate” Rigau para extraer los fondos. Las extracciones se realizaban con sistematicidad y frecuencia, en fechas similares, con correlatividad de tickets de cajero, lo que para los investigadores sugiere una estructura organizada.

En los allanamientos al domicilio de Rigau, se encontraron documentos clave: tarjetas, tickets, una importante suma de dinero en efectivo, y declaraciones juradas con domicilios de otras personas. En paralelo, las auditorías internas de la Cámara indicaron graves irregularidades en los sistemas de control de asistencia.

A esto se suma que, tras el escándalo público, algunos contratados comenzaron a realizar extracciones ellos mismos o modificaron el patrón de uso de sus cuentas, lo que, para la Fiscalía, revela un conocimiento del mecanismo y una intención de eludir la pesquisa.

La sombra del poder político y la inacción institucional

Uno de los aspectos más delicados del caso es su posible conexión con financiamiento político informal. El volumen de dinero involucrado, la cercanía de algunos imputados con estructuras partidarias, y la ubicación privilegiada de funcionarios como Claudio Albini dentro de la Cámara de Diputados alimentan sospechas sobre el uso de estos fondos como “caja negra” para actividades de campaña o sostenimiento territorial.

Pese a la gravedad de los hechos, hasta ahora no se ha determinado con precisión quiénes fueron los destinatarios finales del dinero. Las defensas evitaron profundizar en ese aspecto y la investigación no avanzó hacia las máximas autoridades legislativas, aunque no se descarta que ello ocurra en una etapa posterior.

La resolución de Atencio parece marcar una línea divisoria entre “cerebros” y “peones”, entre organizadores y ejecutores, entre conscientes y utilizados. Pero para muchos, esa distinción resulta artificial: sin los contratados, no habría maniobra posible.

El caso avanza hacia el juicio: ¿quiénes llegarán al banquillo?

Con esta resolución, el juez dio luz verde a la elevación a juicio oral, aunque acotó el universo de imputados por asociación ilícita. Los principales acusados —Julio Rigau, Claudio y Facundo Albini, junto a otros siete integrantes— enfrentarán cargos por asociación ilícita y estafas reiteradas.

En tanto, los contratados que fueron excluidos de esa figura serán juzgados por fraude a la administración pública, aunque con un encuadre penal menos gravoso.

El caso “Chocolate” Rigau sigue siendo una de las investigaciones más emblemáticas de los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Conecta al poder legislativo, al aparato partidario y al sistema judicial en un entramado que aún tiene muchos puntos ciegos.

La sociedad, mientras tanto, observa cómo un mecanismo de vaciamiento de fondos públicos —a través de contratos truchos y el uso de tarjetas— podría resolverse sin castigo para quienes, aún siendo engranajes menores, hicieron posible que la rueda girara.