En un nuevo paso para fortalecer el control en las zonas limítrofes del país, el Gobierno nacional puso en marcha el Plan Guacurarí, una iniciativa que apunta a reforzar la seguridad en la frontera entre la provincia de Misiones y el sur de Brasil, especialmente en la ciudad de Bernardo de Irigoyen.
La resolución establece la creación del Comando Unificado Guacurarí, que coordinará operativos conjuntos de distintas fuerzas federales, incluyendo a la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La Policía de Misiones también podrá designar representantes como enlaces. El objetivo es claro: restablecer el control territorial y combatir delitos federales como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero en una zona caracterizada por su difícil acceso y múltiples pasos clandestinos.
Según la resolución, el área abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, donde la ausencia de barreras naturales y la cercanía con la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira facilitan el accionar de bandas delictivas.
“La idiosincrasia local se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales que operan en la zona”, señala el documento, en referencia a la influencia de grupos como el Primer Comando Capital (PCC), Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho.
El operativo tendrá una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga, y se suma a otras acciones del Ejecutivo en distintos puntos fronterizos.
Desde diciembre, el Plan Güemes se ejecuta en zonas sensibles de Salta como Aguas Blancas, Puerto Chalanas, Tartagal y Salvador Mazza, mientras que el Plan Roca opera en la frontera con Bolivia. A comienzos de mayo, 1.900 efectivos del Ejército se sumaron al control fronterizo en el norte del país para combatir al crimen organizado.
La ofensiva también se enmarca en la nueva política migratoria del Gobierno, que busca endurecer los requisitos para la residencia de extranjeros, fijar aranceles para ciertos trámites y agilizar las deportaciones. “Argentina fue demasiada permisiva con quienes ingresan de forma irregular”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, en relación con los cambios impulsados.
