La administración de Javier Milei convocó a las provincias a sumarse a un nuevo convenio de intercambio de información fiscal como parte del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”.
La propuesta, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca facilitar el uso de los llamados “dólares del colchón” bajo un régimen simplificado de Ganancias. Sin embargo, advierte con retirar beneficios clave a las jurisdicciones que no adhieran.
A través de un comunicado oficial, ARCA detalló que la iniciativa tiene como fin “garantizar las condiciones del nuevo régimen simplificado de Ganancias, preservando la información sobre consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones”.
Las provincias que no firmen el acuerdo perderán el acceso a datos clave, se detallo en el comunicado. Entre ellos, la información de facturación de personas y empresas, así como los registros de consumos superiores a los $50 millones, que actualmente ARCA recopila y comparte con las administraciones provinciales.
La convocatoria fue programada para el próximo martes, y, según confirmaron fuentes oficiales, se espera que en las próximas semanas se concreten las firmas de los nuevos acuerdos.
Desde el Gobierno nacional insisten en que estas medidas representan un avance en la libertad financiera de los ciudadanos. “Estamos devolviéndole a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran”, afirmaron, al tiempo que reiteraron la invitación a los gobernadores a “ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
La medida recibió cuestionamientos. Uno de los más críticos fue el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien cuestionó duramente el plan impulsado por Nación. “Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados”.
Girard alertó sobre el riesgo de que esta política incentive la evasión. “La normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a los contribuyentes en un limbo legal, sin claridad sobre los efectos retroactivos ni los límites del anuncio”, explicó.
Además, se aseguró que mientras no exista una norma aprobada por el Congreso, todo quedará en un terreno de incertidumbre legal. “Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar”, denunció, al tiempo que cuestionó a quienes “decidan no reclamar impuestos evadidos”.
En contraposición a la estrategia nacional, desde ARBA aseguraron que continuarán con los controles. “Vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley. Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo”, concluyó Girard.
