“Qué va a pasar cuando faltemos nosotros”, se preguntaba una de las integrantes del hospital pediátrico por excelencia que posee la República Argentina: el Juan P. Garrahan. Hospital que también es parte del ajuste que el Gobierno estableció en el Estado. El reclamos de los médicos se hace sentir y denuncian una situación de emergencia, donde los salarios están congelados y los médicos que se van “nunca han sido reemplazados”.
Durante un paro de 72 horas, los médicos residentes reclamaron un salario digno que alcance para “poder comer” y “cargar la SUBE”. En medio de esa medida de fuerza se viralizó un cartel con los pedidos: “10 años de formación, 68 horas por semana, $797.061 por mes y $2930 la hora de trabajo”. Pancarta que expone el esfuerzo del personal.
¿A dónde van los médicos?
Según fuentes consultadas por el Diario La Nación, desde el año pasado, los profesionales emigraron al sistema privado, en donde los ingresos por el trabajo realizado llegan a duplicarse. Desde el Garrahan aseguran que las “fugas de médicos” no fueron reemplazadas y que es imposible cubrir las vacantes con los sueldos ofrecidos.
A medida que los pacientes aumentan, los médicos se van. El hospital Garrahan es conocido por atender en su gran mayoría a pacientes oncológicos, el 40% de los niños más específicamente, es por eso que el nivel de carga laboral y las exigencias para poder ser parte son muy altas. “La motosierra de Milei en el Garrahan no pasará. Con la lucha defenderemos la salud pública”, indican los carteles.
“Nos llaman esenciales, nos tratan como descartables”
Esta frase que trascendió en medio de los reclamos es una respuesta política directa al último decreto que el Ejecutivo promovió donde limita el derecho a huelga, pasando por encima a una carta magna como lo es la Constitución Nacional, un hecho grave para el sistema democrático. El Decreto oficial prevé el aumento de las actividades consideradas esenciales y exige que tras una medida de fuerza, en este caso los hospitales, incluidos en el Decreto, posean entre el 50% y el 75% del personal para garantizar el funcionamiento.
