La diputada del PRO Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich y alineada con el Gobierno nacional, presentó un proyecto de ley para disolver la señal infantil Paka Paka y las emisoras vinculadas a “Contenidos Públicos Sociedad del Estado”, hoy reconvertida en “Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal”, según el Decreto 70/2023.
La iniciativa fue presentada mientras el oficialismo prepara un relanzamiento de Paka Paka previsto para julio, con una grilla de programación que incluiría dibujos animados como Dragon Ball y Tuttle Twins, esta última serie basada en el ideario libertario y en la defensa del libre mercado.
El proyecto de Giudici plantea que, una vez aprobada la ley, se “procederá a la cancelación de todas las operaciones, programas y servicios asociados a las señales de dicha Sociedad del Estado”, con el argumento de optimizar recursos y promover una gestión más eficiente del gasto público.
En los fundamentos, la diputada sostiene que la propuesta busca “preservar la integridad institucional del Estado, optimizar el uso de recursos públicos, y evitar cualquier tipo de utilización de contenidos audiovisuales para transmitir posiciones ideológicas y/o partidarias”.
Además, advierte que Paka Paka, si bien fue creada en 2010 como una señal educativa y cultural para la infancia, ha sido usada en reiteradas ocasiones para “promover una visión particular de la historia y la realidad política”, lo que, según la legisladora, contraviene los principios de pluralismo, objetividad y neutralidad que deben regir en los medios financiados con fondos públicos.
En su presentación, Giudici también cuestiona específicamente la programación de Paka Paka, citando como ejemplo a La asombrosa excursión de Zamba. En ese sentido, indica: “Numerosos especialistas y analistas académicos han señalado que esa producción utiliza personajes y hechos históricos con una fuerte carga simbólica que transmite valores ideológicos definidos, sin apertura al debate ni diversidad interpretativa”.
La legisladora argumenta además que mantener en funcionamiento la señal implica “un gasto estructural en salarios, producción, infraestructura técnica y licencias”, que podría reasignarse a otras áreas esenciales del sistema educativo o de políticas de primera infancia.
Finalmente, critica el desempeño de la sociedad estatal que administra las señales, al señalar que “Contenidos Públicos S.E.”, creada por el Decreto 1222/2016, “ha demostrado una baja eficacia en la gestión”, y que su continuidad no se justifica “frente a un escenario de restricciones presupuestarias y demandas urgentes en áreas prioritarias del Estado”.
