La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó por unanimidad la recusación presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti en la causa conocida como Vialidad.
El rechazo fue decidido por los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti, quienes señalaron que la recusación, promovida el 5 de mayo, no cumplía con los requisitos procesales ni ofrecía pruebas concluyentes.
El pedido de apartamiento de Lorenzetti se basaba en supuestas señales de parcialidad como notas periodísticas, disidencias en fallos, declaraciones televisivas y una denuncia en el Senado impulsada por la legisladora Anabel Fernández Sagasti.
Entre los fundamentos presentados por la defensa, se citaban los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y jurisprudencia como el fallo “Llerena”.
Sin embargo, el máximo tribunal determinó que los hechos alegados eran anteriores a la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, por lo que debieron ser invocados en ese momento.
En cuanto a una entrevista dada por Lorenzetti el 1° de mayo, en la que pidió celeridad judicial antes de las elecciones, la Corte concluyó que no representa una causal objetiva de recusación.
“El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley”, indicaron los jueces, que también remarcaron la ausencia de pruebas concretas y la falta de invocación de una causal específica del Código Procesal Penal.
Asimismo, subrayaron que las recusaciones contra miembros del alto tribunal deben interpretarse de forma restrictiva, dado que aceptarlas sin sustento podría afectar el principio del juez natural y el funcionamiento institucional de la Corte.
La causa Vialidad y el rol de la Corte
El trasfondo del caso se vincula con el pedido del Procurador General Eduardo Casal, quien el pasado 15 de mayo solicitó que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita, agravando la actual pena de seis años impuesta en diciembre de 2022 por administración fraudulenta.
Casal también pidió que el decomiso de los fondos involucrados ascienda a más de 5.300 millones de pesos.
La Corte Suprema deberá ahora analizar tanto el dictamen fiscal como los recursos presentados por las defensas. Cristina Kirchner y otros condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y varios exfuncionarios de Vialidad, solicitaron la absolución total.
Tanto el Tribunal Oral Federal 2 como la Cámara de Casación habían descartado el delito de asociación ilícita, al entender que no existió una pluralidad de hechos delictivos sino irregularidades concentradas en un único marco: las 51 obras públicas adjudicadas entre 2003 y 2015 a empresas vinculadas a Báez. En ambas instancias, la condena a la exmandataria fue resuelta por mayoría.
