Después de casi un año de parálisis, el Gobierno nacional decidió relanzar el Consejo de Mayo, un organismo central para impulsar el llamado Pacto de Mayo, la hoja de ruta de reformas estructurales que promueve Javier Milei. Mediante el Decreto 382/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la reconfiguración del cuerpo y la creación de una Secretaría Técnica que coordinará su actividad.
El Consejo había sido creado en julio de 2024 por medio del Decreto 617, pero desde entonces no se había avanzado en su integración. Según admite el propio texto oficial, pasaron más de 300 días sin que los sectores invitados propusieran a sus representantes, lo que obligó al Ejecutivo a tomar el control del proceso. A partir de esta modificación, el Gobierno designará directamente a los miembros, sin esperar más nominaciones de terceros, y todos los cargos serán honoríficos: no tendrán salario ni compensación económica.
Quiénes integrarán el Consejo
La nueva composición contempla un total de siete miembros: el Presidente del cuerpo, rol que ejercerá el jefe de Gabinete, y seis consejeros que representarán distintos sectores de relevancia institucional y social. Los designados son:
Alfredo Cornejo, en nombre de las provincias firmantes del pacto y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carolina Losada, por el Senado.
Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados.
Gerardo Martínez, en representación del sindicalismo de tercer grado.
Martín Rappallini, por las entidades empresariales de tercer orden.
Un representante del Poder Ejecutivo, cuyo nombre aún no fue dado a conocer. Además, se incorporará una Secretaría Técnica que organizará la operativa diaria del Consejo y dará apoyo al presidente del organismo. Esa función recaerá en María Cecilia Domínguez Diacoluca, también en carácter ad honorem.
Una promesa pendiente que ahora busca concretarse
El Consejo de Mayo fue anunciado como un espacio clave para consensuar las grandes transformaciones que el oficialismo quiere llevar adelante en áreas como la economía, la política fiscal y la modernización del Estado. Pero hasta ahora, el proyecto no había pasado del plano discursivo, debido a la falta de articulación con los actores políticos y sociales convocados.
Con esta nueva estrategia, el Ejecutivo espera darle forma concreta al Consejo y poner en funcionamiento un ámbito institucional para el diálogo, alineado con las leyes recientemente sancionadas: la Ley Bases (N.º 27.742) y el paquete fiscal (N.º 27.743). Desde la Casa Rosada remarcan que esta medida no representa un gasto adicional para el Estado, ya que ni los consejeros ni la Secretaría Técnica recibirán sueldos por su participación.
