La crisis política y social en Bolivia escaló a niveles alarmantes, tras la confirmación del asesinato de un agente de policía en condiciones extremas. Según el gobierno de Luis Arce, el oficial Christian Calle fue secuestrado y posteriormente asesinado con un explosivo que los manifestantes le habrían colocado en el cuerpo.
El hecho ocurrió en Llallagua, un poblado minero en el departamento de Potosí, donde las fuerzas de seguridad intentaban desbloquear una ruta tomada por manifestantes afines al expresidente Evo Morales.
"Fue muerto con el empleo de una dinamita en su cavidad estomacal", denunció el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, quien atribuyó el crimen a “una horda” de seguidores del líder cocalero.
Con la muerte de Calle, ya son cinco las víctimas fatales en el marco de los enfrentamientos: cuatro policías y un campesino. El gobierno boliviano informó que los otros tres agentes fallecieron el pasado miércoles por disparos de arma de fuego durante los operativos de desbloqueo.
Además, un manifestante murió en Cochabamba tras manipular un artefacto explosivo, según confirmó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
Desde hace once días, Bolivia atraviesa una nueva fase de tensión política. Los cortes de ruta y protestas masivas exigen la renuncia del presidente Luis Arce, acusado por sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) leales a Morales de ser responsable de la crisis económica y de utilizar el aparato judicial para impedir su postulación a las elecciones de agosto.
La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportó 19 bloqueos activos, una cifra inferior a la de días anteriores, aunque la situación sigue siendo crítica en vías clave como las que unen Cochabamba con La Paz.
La disputa de fondo es electoral e institucional. Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, busca competir nuevamente, pero un fallo judicial le impide hacerlo por haber excedido el límite de reelecciones.
El líder, de 65 años, se encuentra desde octubre en el Chapare, su bastión político, protegido por militantes ante una orden de detención por un caso de presunta trata de personas, que él niega rotundamente.
