Durante un acto institucional en La Cocha, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sufrió el robo de su teléfono celular. El incidente se produjo mientras inauguraba una oficina de Atención Primaria Jurídica, ocasión en la que una mujer se acercó a saludarlo y, en un momento de descuido, le sustrajo el dispositivo del saco.
Fotógrafos presentes en el evento lograron captar el momento en que la mujer, posteriormente detenida, introdujo la mano en el bolsillo del gobernador. Las imágenes muestran a Jaldo posando junto a los vecinos, entre ellos la autora del hurto, identificada como LNC.
El gobernador se percató de la falta de su teléfono al subir a su vehículo tras el acto. Acto seguido, su equipo de seguridad revisó las grabaciones del evento y consultó con quienes estaban presentes.
Horas más tarde, la policía logró ubicar a la sospechosa en su hogar, en el barrio Los Pizarro, a unos siete kilómetros del lugar del robo. La mujer declaró su intención de "aclarar lo ocurrido" y manifestó que tenía la intención de "devolver el teléfono", aunque quedó detenida a pedido del fiscal de turno, Fabián Assad, enfrentando acusaciones de "intento de hurto".
Desde el entorno de Jaldo, se comentó que el hecho fue resultado de "un exceso de confianza del gobernador" y la rapidez de la mujer. Sin embargo, no se especificó si se había accedido a información sensible en el dispositivo.
Después del incidente, el gobernador decidió dar de baja su línea telefónica como medida preventiva y solicitó su reactivación más tarde. El acto en el que ocurrió el robo era parte de una serie de actividades institucionales programadas para la jornada.
Este episodio se da en un contexto de tensión política para Jaldo, quien atraviesa una difícil interna debido a la ruptura del "pacto social" en Tucumán, esencial para la distribución de recursos entre el gobierno provincial y las municipalidades.
La situación se desató hace poco más de un mes, cuando el gobernador ordenó la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, tras la filtración de un audio en el que el intendente, Luis "Pato" Campos, supuestamente vinculado al narcotráfico, admitió que la grabación era suya pero negó cualquier relación con actividades ilegales.
El empresario que grabó el audio, Roberto Giménez, quien desea postularse como intendente, había documentado la conversación para evidenciar irregularidades. Ante esto, Jaldo decidió intervenir tanto el Ejecutivo local como el Concejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi, convocando a elecciones en un plazo de 180 días.
Para la intervención, designó a Guillermo Norry, un dirigente con extensa trayectoria en el Partido Justicialista tucumano y antecedentes en el Sindicato de Luz y Fuerza. Esta decisión agudizó la disputa interna dentro del PJ provincial, marcando una nueva etapa en el conflicto político en Tucumán.
