A poco más de 24 horas de que Cristina Fernández de Kirchner comenzara a cumplir prisión domiciliaria, un grupo de diputados del PRO impulsó una iniciativa legislativa para excluir los delitos de corrupción de la posibilidad de ser indultados por el Poder Ejecutivo. El proyecto, liderado por sectores alineados con Patricia Bullrich, busca blindar penalmente estas causas ante eventuales decisiones presidenciales futuras.
La propuesta fue presentada por la diputada Silvana Giudici, quien actúa como una de las principales voceras del ala más dura del PRO en la Cámara Baja. Contó con el respaldo de otras doce firmas, entre ellas las de María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, José Núñez, Florencia de Sensi y Gerardo Milman, entre otros. La mayoría responde políticamente a Bullrich, aunque la participación de Vidal podría revelar conversaciones internas con el sector más moderado del partido.
Un proyecto con foco constitucional
“El objetivo es armonizar la ley con el espíritu de la Constitución”, argumentó Giudici, aludiendo al artículo 36 de la Carta Magna, que considera imprescriptibles los atentados contra el orden democrático e impide el otorgamiento de indultos en esos casos. Con ese fundamento, la propuesta busca ampliar las restricciones ya existentes, actualmente limitadas a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, hacia el universo de delitos contra la administración pública.
El texto plantea modificar el artículo 2 de la Ley 27.156 para incorporar una cláusula que declare nulos de manera absoluta e insanable los actos de indulto, amnistía o conmutación de pena aplicados a funcionarios condenados por hechos de corrupción. La enumeración incluye figuras como abuso de autoridad, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, entre otras previstas en el Código Penal.
El impulso del proyecto coincide con un contexto de fuerte polarización tras la marcha multitudinaria en apoyo a la ex mandataria y las declaraciones de referentes peronistas que, anticipando el escenario de 2027, ya hablan de su eventual indulto y rehabilitación política.
El senador José Mayans, vicepresidente del Partido Justicialista, afirmó que quien asuma el poder en 2027 debería “restituirle sus derechos” a Cristina Kirchner, mientras que Eduardo “Wado” de Pedro planteó que la consigna del próximo gobierno peronista debe ser clara: “La primera condición es Cristina libre”.
Frente a esa narrativa, Giudici advirtió que la corrupción institucional no puede ser tratada como un delito común, y la equiparó con la traición a la Patria por su impacto sobre la confianza democrática.
