Un grupo de bonistas decidió presentar una nueva demanda en Estados Unidos, con el objetivo de que el Gobierno argentino cumpla con el fallo adverso pendiente de pago en Londres. Este reclamo se centra en una indemnización de 1500 millones de euros, relacionada con la manipulación de estadísticas durante el gobierno kirchnerista.
Los bonistas acudieron a la Corte del Distrito de Columbia para solicitar el reconocimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Londres. En octubre de 2022, la Corte Suprema del Reino Unido desestimó la apelación argentina en relación al fallo que obligaba al país a abonar esa suma, fundamentada en la alteración de la medición del crecimiento económico que realizó el INDEC, lo que permitió a la Argentina evadir el pago de los intereses de bonos atados a esa variable, conocidos como cupón PBI.
Según indica la presentación, “El 14 de octubre de 2024, las sentencias inglesas se convirtieron en firmes e inapelables en el Reino Unido contra Argentina...” Esto ocurrió después de que la Corte Suprema británica desestimara la solicitud argentina para presentar un nuevo recurso. Desde entonces, el Estado argentino incumplió con la obligación de pago que fue ordenada por la justicia británica, saldando solo una parte de la indemnización, alrededor de 313 millones de euros, que se habían depositado como garantía para apelar, aunque esa apelación fue rechazada.
Esto significa que todavía queda un saldo cercano a 1000 millones por pagar. Ante esta situación, los bonistas llevaron su caso al mismo tribunal estadounidense donde también litiga Titan Consortium, un fondo que busca obtener una compensación de US$327 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, ordenada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, explicó que “este nuevo litigio busca reconocer la sentencia en Estados Unidos para futuros embargos si la sentencia continúa impaga”.
El origen del conflicto judicial se remonta a 2013, cuando la Argentina decidió modificar la fórmula utilizada por el INDEC para el cálculo del crecimiento económico. Estos bonos se pagaban si el PBI superaba un cierto nivel, y el reclamo se basa en que el país dejó de publicar el dato del PBI correspondiente al último trimestre de 2013, alterando la fórmula y afirmando que el crecimiento anual fue de 3,2%, quedando apenas por debajo del 3,3% que habilitaría el pago.
Este cambio generó una serie de reclamaciones en los tribunales internacionales; en Londres, relacionado con el cupón PBI en euros, y en Nueva York, por la serie en dólares. El caso europeo avanzó más rápidamente, y en 2023, un juez de primera instancia condenó a la Argentina a pagar 1300 millones de euros por los intereses correspondientes al cupón PBI durante 2013. Además, se obligó al país a seguir publicando la serie histórica, desde 1993, y a saldar a todos los beneficiarios de los bonos correspondientes en los años siguientes, aunque no se permitió a los acreedores proceder con embargos hasta que se pronunciara la Corte de Apelaciones.
