El Tribunal Oral Federal 2 remitió a la Cámara Federal de Casación la apelación que hizo la defensa de Cristina Kirchner para que la ex presidenta pueda recibir visitas sin previa autorización judicial en su departamento del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.
Se trata del recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy para que se deje sin efecto la imposición realizada por el Tribunal al momento de otorgarle la prisión domiciliaria a la ex mandataria. Según la defensa de Cristina Kirchner, la negativa del TOF 2 resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada.
"Advirtiendo que el recurso interpuesto por la defensa de la nombrada ha sido presentado en plazo (art. 463 del CPPN), que la resolución es impugnable por esta vía (cfr. art 491 del CPPN), y en atención a que la parte encarrila el agravio como un error en la interpretación de la ley sustantiva (art. 465, inc. 1 del CPPN), habremos de hacer lugar al remedio intentado", sostuvieron los jueces del TOF 2 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Los abogados de la ex vicepresidenta aseguraron que los jueces del tribunal omitieron que Cristina Kirchner tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
También los peritos designados en el marco de otros procesos judiciales en su contra. Y los asesores que asisten a la presidenta del Partido Justicialista (PJ) para continuar desarrollando distintas actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena.
"Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación", expresó el documento.
“Ello no se limita a la esfera nacional, pues como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, agregaron.
Por último, los abogados sostuvieron que si no se justifica o revierte dicha decisión sobre las visitas a la prisión domiciliaria, se trataría de "una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno".
