Los organismos públicos deberán invertir excedentes en bonos y Letras del Tesoro

La medida excluye a los poderes Legislativo y Judicial, y se enmarca en la emergencia económica vigente hasta diciembre de 2025.
Por: #BorderPeriodismo

El Gobierno nacional estableció que todos los organismos públicos deberán destinar sus excedentes transitorios de liquidez a la compra de Títulos Públicos y Letras del Tesoro. La medida fue formalizada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 425/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y se enmarca en la modificación del presupuesto nacional bajo la emergencia pública vigente.

Según lo dispuesto, la normativa alcanza a la Administración Nacional, que incluye a la Administración Central y a los organismos descentralizados, entre ellos las instituciones de seguridad social, además de empresas y sociedades del Estado, entes públicos y fondos fiduciarios que administren bienes o fondos mayoritariamente estatales.

El decreto establece que estos organismos deberán colocar sus excedentes de liquidez no integrados a la Cuenta Única del Tesoro en licitaciones del Tesoro Nacional, "sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados".

Sin embargo, la medida no se aplicará a los bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial ni al Ministerio Público. En su artículo 4, el DNU aclara que cada organismo deberá respetar los límites fijados por sus propias normativas de creación al momento de implementar esta disposición.

Además, tendrán la obligación de informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda (dentro de los primeros diez días hábiles) el flujo de fondos ejecutado, la proyección de ingresos y gastos para el resto del ejercicio fiscal, y el estado de las disponibilidades e inversiones.

En caso de incumplimiento, la Secretaría de Hacienda podrá aplicar sanciones que incluyan restricciones en la asignación presupuestaria o en la ejecución de pagos por transferencias hacia los organismos en infracción.

La medida forma parte del paquete de disposiciones económicas impulsadas por el Ejecutivo bajo la Ley Bases y la emergencia económica, financiera, fiscal, previsional y social decretada hasta diciembre de 2025.

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