La Casa de Moneda, ícono de la institucionalidad estatal argentina, atraviesa su transformación más profunda en décadas. Este martes, el Gobierno nacional oficializó su reestructuración a través del Decreto 442/2025, que redefine su rol, reduce sus funciones y redistribuye sus activos, en un intento por estabilizar una estructura colapsada tras perder sus principales fuentes de ingreso.
El diagnóstico, elaborado por su interventor, fue lapidario: un rojo contable con patrimonio neto negativo superior a los $65.900 millones y pérdidas acumuladas por más de $243.700 millones. La dependencia de aportes estatales durante 2023 y 2024 había convertido a la empresa en un gigante inmóvil.
De proveedor central a actor residual
El punto de quiebre fue la rescisión del contrato con el Banco Central, que representaba el 90% de sus ingreso, para la impresión de billetes. La decisión fue tomada en octubre de 2024 y comunicada internamente con un mensaje claro: se detendrían todas las operaciones vinculadas a la fabricación de dinero, y el personal afectado debía tomar vacaciones. Poco después, los Registros del Automotor también cancelaron la provisión de insumos de seguridad, como chapas patente. La Casa de Moneda quedaba así, literalmente, sin oficio.
En palabras del Ejecutivo, el nuevo objetivo será acotar su actividad a tres funciones estratégicas: la producción de circulante, la participación en tareas de atesoramiento y destrucción de billetes, y la confección de impresos para entidades públicas y privadas.
La reestructuración también implica una redistribución de funciones entre otras áreas del Estado. Así, la impresión de instrumentos fiscales, como los de trazabilidad de bebidas y tabaco, que se hacía en convenio con la AFIP, pasará a manos de ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La producción de pasaportes y chips quedará bajo la órbita del RENAPER, y la operación de la billetera virtual estatal será absorbida por ARSAT, que completará su desarrollo tecnológico.
Los edificios que queden sin uso serán traspasados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ya sea para su reutilización o venta. Una postal que cierra una etapa de casi siglo y medio de historia industrial.
La conversión en Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.) fue aprobada en diciembre de 2024 y reglamentada a través del Decreto 295/2025. El paso habilitó al Ejecutivo a avanzar con una reconversión estructural, consolidada ahora con la nueva normativa. El relato oficial lo resume como una “optimización de recursos” y una forma de “alinear la empresa con su objeto social”, aunque, en la práctica, implica el fin de buena parte de sus tareas históricas.
Lo que alguna vez fue símbolo de soberanía y seguridad monetaria, hoy se reconvierte con silenciosa contundencia. La Casa de Moneda no desaparece, pero sí se achica, se descentraliza y reorienta. Quedan las funciones básicas, pero se disipa la imagen de una empresa estratégica al servicio del Estado.
