El cabo Héctor Guerrero, señalado como responsable del disparo que hirió al reportero gráfico Pablo Grillo durante la represión en la manifestación del 12 de marzo frente al Congreso, sigue en funciones.

Esto se debe a que el informe que realizó Gendarmería sobre el incidente se cerró sin sanciones disciplinarias. De acuerdo a la familia Grillo, que actúa como parte querellante, “el análisis del expediente revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”.

Los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS criticaron la formalidad del trámite, al señalar que no se orientó a esclarecer los hechos ni a atribuir responsabilidades, sino a respaldar las acciones de los efectivos de Gendarmería.

La investigación administrativa N° 01/25 fue iniciada por el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, el 17 de marzo, solo cinco días después de la represión, lo que hacía evidente la presión social y mediática que existía en ese contexto.

Sin embargo, el sumariante, Comandante Mayor Adrián Barressi, presentó su informe final al día siguiente, en el que solo se tomó declaración a personal de Gendarmería y concluyó que no había motivos para ningún reproche disciplinario.

Este informe, que califica lo ocurrido como un “hecho fortuito”, atribuye la responsabilidad del disparo a la “imprudencia” de Pablo Grillo por haberse ubicado "en la línea de tiro". De este modo, la responsabilidad recae en la víctima y no en el cabo Guerrero.

El asesor jurídico José Carlos Lodolo también respaldó esta versión. Porra Melconian firmó la resolución de cierre del sumario apenas siete días después de los incidentes. Aunque el expediente fue reabierto el 25 de abril, al ver que se requería información adicional sobre el operativo, un segundo dictamen reafirmó la falta de reproches disciplinarios, a pesar de la nueva evidencia presentada.

Las declaraciones de los efectivos que intervinieron son unánimes en afirmar que la actuación del escuadrón fue “profesional” y que se cumplieron las órdenes “claras y ajustadas a los reglamentos”, lo que llevó a la conclusión de que “se priorizó la seguridad de todos”.

Un aspecto alarmante del informe es cómo se trató el disparo hacia Pablo Grillo, calificándolo de “accidente” y atribuyendo la culpa a la víctima por su ubicación. El análisis de un video del incidente sugiere que la granada que golpeó a Grillo pudo haber rebotado antes de impactar, insinuando que el disparo no fue intencional.

El cabo Guerrero ha brindado su declaración solo en el marco del procedimiento administrativo, lo que significa que su testimonio se dio en un entorno controlado, sin posibilidad de repreguntas. Por su parte, el Comandante Principal Néstor Germán López defendió el accionar del escuadrón, alegando que se respetaron las normativas vigentes y que los heridos no portaban identificaciones de prensa, lo que dificultaba su reconocimiento.

Es alarmante que, a menos de dos meses del operativo, la información administrativa se haya cerrado en un tiempo récord, y que, a pesar de las pruebas que contradicen la versión oficial, Gendarmería haya decidido respaldar los relatos repetidos de sus efectivos.