YPF: el Gobierno pidió a la Justicia de EEUU suspender el fallo

El Ejecutivo argumentó que el fallo podría "dañar de forma irreparable" al país en caso de cumplirse la sentencia y Argentina tuviera que entregar el 51% de las acciones de la empresa a los fondos buitre.
Por: #BorderPeriodismo

El Gobierno Nacional se contactó con la jueza federal de Nueva York Loretta Preska para solicitar la suspensión del fallo firmado el lunes del juicio por la expropiación de YPF en 2012. A través de una carta, el Gobierno argentino busca evitar la entrega del 51% de las acciones de la compañía petrolera a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park.

El escrito fue enviado al Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, a cargo de la jueza Preska y advierte del "daño irreparable" que el fallo podría provocar en Argentina si el fallo se cumple sin ser revisado por el tribunal superior. Asimismo, desde Casa Rosada adelantaron que en los próximos días realizarían la presentación formal de la apelación y aseguraron que no negociarán con los fondos buitre hasta que no haya una resolución definitiva a la disputa legal.

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La demanda por más de 16 mil millones de dólares impulsada por Burford Capital y Eton Park inició en 2012 tras la nacionalización de la compañía petrolera. Según lo manifestado en la carta, el Gobierno argentino considera que la jueza "se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de los activos argentinos".

"Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23 mil personas y su control está garantizado por la ley", argumentaron los abogados de la Procuración del Tesoro, que representan al país en el caso. Los letrados referenciaron la ley 26.741, que establece que el Estado argentino debe conservar la participación mayoritaria de la compañía y que cualquier movimiento de acciones debe estar autorizado previamente por el Congreso.

"Esto no es un juicio comercial entre dos empresas. Es un caso que involucra un Estado soberano y su ordenamiento legal interno", subrayaron los abogados. La decisión quedó en manos de la jueza. Mas, si la magistrada rechaza el pedido, el Gobierno solicitaría al Segundo Circuito la suspensión de la ejecución por vía de urgencia. Asimismo, la Nación buscaría discutir el cálculo a pagar.

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