Tras el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF por la expropiación de la petrolera en 2012, el Congreso comenzó a mover sus fichas para intentar blindar ese paquete accionario.
En el Senado, el radical Maximiliano Abad presentó una iniciativa que ratifica la inmunidad soberana establecida en el artículo 10 de la Ley 26.741, sancionada en 2012 en el marco de la estatización de YPF.
El proyecto, acompañado por su par Pablo Blanco, sostiene que acatar el fallo de la jueza Preska sería “un grave avasallamiento a la soberanía nacional y al principio de inmunidad soberana y no injerencia” que protege el derecho internacional.
“Ninguna Corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”, afirmó Abad al presentar la propuesta.
La Argentina no puede ser sometida a decisiones de tribunales extranjeros que desconozcan nuestras leyes. El intento de avanzar con la cesión del 51% de las acciones de YPF es un atropello inaceptable a nuestra soberanía.
La defensa de YPF es la defensa del federalismo, del… pic.twitter.com/xOnBtvjb5U
— Maxi Abad (@MaxiAbad) July 2, 2025
El legislador remarcó que la causa no se trata solo de un litigio judicial, sino de una disputa por el control de recursos estratégicos del país. “YPF nació para garantizar el dominio argentino sobre el petróleo y sigue siendo una pieza clave de nuestra soberanía económica. El fallo de Preska busca condicionar esa potestad, beneficiando a intereses especulativos”, sentenció.
El texto también advierte sobre el posible impacto económico que implicaría cumplir con la resolución judicial: afectación de las reservas, debilitamiento del sistema financiero local, pérdida de confianza por parte de inversores y tensiones institucionales internas.
En paralelo, la senadora rionegrina Mónica Silva presentó su propio proyecto en el que expresó su “más enérgico repudio” a la sentencia del tribunal de Nueva York, calificándola de “altamente agraviante a los principios del Derecho Internacional Público y lesiva para la soberanía nacional”.
En Diputados, una iniciativa similar fue presentada por el legislador Miguel Ángel Pichetto. Mientras tanto, desde el PRO aprovecharon la coyuntura para criticar con dureza al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizan por su rol protagónico en la expropiación de la empresa durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
