El senador nacional Luis Juez aclaró que votó la expropiación de la petrolera YPF en el 2012, pero negó haber votado el acuerdo económico con la empresa de energía Repsol, conseguido en 2014.
“Nos juntamos todos los opositores (del gobierno kirchnerista) y coincidimos en que había que darle una herramienta al gobierno, porque Repsol solamente se llevaba utilidades”, explicó el legislador cordobés en una entrevista con TN.
Juez indicó que el gobierno de Cristina Kirchner, en su momento, había ratificado que tenían “el yacimiento de gas natural más importante del mundo”, en alusión a Vaca Muerta, y que podían llegar a competir con Rusia y Ucrania.
Sin embargo, en 2014, esa gobernación había logrado hacer un convenio con Repsol, a lo que él calificó como “una locura”. “Eso no lo votó nadie, digo para que quede claro”, aseguró.
El senador cordobés diferenció la expropiación del acuerdo económico: “La herramienta que nos pidieron se la dimos como corresponde a cualquier gobierno democrático. Sobre el negocio le dijimos que terminaría en un juicio y que el Estado iba a terminar condenado”, explicó.
Además, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en ese entonces era Ministro de Economía, y lo calificó como “un inútil, incapaz e inepto”. “Él fue quien llevó adelante esta negociación. Durante dos años, distintos senadores le dijeron que era una locura la forma en la que negociaba con Repsol”, sostuvo.
En ese sentido, concluyó: “La ineptitud de (Axel) Kicillof, que la responda Kicillof. Nosotros hicimos lo que correspondía democráticamente, que era darle una herramienta al Gobierno”.
El 3 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 208 votos afirmativos el proyecto kirchnerista que declaró de “utilidad pública” el 51% de YPF y obligó al Estado a expropiar la participación de Repsol. Un mes antes, el Senado lo había avalado por 63 votos contra tres.
El lunes pasado, la jueza estadounidense Loretta Preska ordenó que la Argentina entregue ese porcentaje de las acciones de la petrolera a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar 16.100 millones de dólares.
