En una nueva señal hacia el sector agroindustrial, el Estado derogó 28 normas vinculadas a la cadena ganadera que habían quedado obsoletas por el paso del tiempo o la falta de aplicabilidad.
La medida fue oficializada a través de la Resolución N°119/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), dependiente del Ministerio de Economía.
20 de las disposiciones corresponden a normativas emitidas entre 1978 y 1991 por la extinta Junta Nacional de Carnes, mientras que las ocho restantes fueron dictadas por la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) entre 2001 y 2011.
Algunos de los temas que regulaban, en su momento, eran: los criadores e invernadores; el abastecimiento, en referencia a la contabilidad de hacienda en consignación; las normas de contralor de actividades relacionadas al comercio de la carne y las reglas para martilleros y vendedores que participen de remates públicos. Hay muchos más.
La mayoría de estas resoluciones fueron creadas en contextos muy distintos al actual y hoy representan un freno para la competitividad y el crecimiento del sector ganadero. Se trata de regulaciones que ya no se aplican ni son monitoreadas, que utilizan herramientas obsoletas frente a sistemas digitales modernos, o que directamente no se ajustan a la dinámica real de la industria.
Metas centrales del gobierno con esta derogación
La decisión se enmarca en un proceso más amplio de simplificación normativa que busca facilitar la operatoria del sector. En los últimos meses, ya se habían eliminado el régimen de precios de referencia para bovinos, el esquema obligatorio de horarios de faena y algunos aranceles considerados innecesarios para exportadores.
Desde la Secretaría, explicaron que el objetivo central es “modernizar la relación entre el Estado y los productores” y brindar un marco de mayor previsibilidad para los distintos eslabones de la cadena cárnica, desde la producción primaria hasta el comercio exterior.
Con esta depuración normativa, el Ejecutivo busca consolidar un marco regulatorio más claro y accesible, alineado con los desafíos actuales. La intención es brindar a todos los actores de la cadena una base única de reglas transparentes, que facilite la previsibilidad, fomente la inversión y contribuya a desarrollar una industria más moderna y competitiva.
Esta serie de medidas refuerza la estrategia del Gobierno de avanzar en la desregulación de sectores clave de la economía, como la industria agropecuaria. Para los integrantes del área, la eliminación de trabas administrativas representa un paso hacia una mayor eficiencia y competitividad.
