Aunque el Gobierno exhibe con orgullo un superávit financiero en el conjunto de las empresas públicas, los números finos revelan una realidad más compleja: 11 de las 32 compañías bajo control estatal cerraron el primer trimestre de 2025 con déficit financiero. En paralelo, la dotación de personal cayó un 14,3% interanual, con casi 13.000 trabajadores menos en la nómina.
Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, las empresas públicas no financieras registraron un superávit operativo de $51.619 millones entre enero y marzo. El Tesoro, sin embargo, debió transferir $351.642 millones para sostener su funcionamiento. Aun así, el resultado financiero consolidado fue positivo: $7093 millones de superávit.
Desequilibrios
Pero detrás de ese número global se esconden desequilibrios significativos. Las principales erogaciones se concentraron en ENARSA y Aerolíneas Argentinas, por la compra de GNL y combustible, respectivamente. Del lado de los ingresos, se destacaron la venta de pasajes de Aerolíneas, la producción de agua de AySA, la comercialización de gas de ENARSA y la operación de Nucleoeléctrica Argentina.
Las compañías que cerraron el trimestre con resultado financiero negativo fueron:
ENARSA: -$34.897,7 millones
Operadora Ferroviaria: -$44.600,5 millones
Educar: -$22.231,3 millones
Adif: -$16.058,9 millones
AySA: -$10.420,6 millones
Belgrano Cargas: -$9327,1 millones
Fadea: -$5537,1 millones
Fabricaciones Militares: -$1761,1 millones
Arsat: -$249 millones
APE: -$249,3 millones
Intea: -$106,4 millones
Qué sucede con las empleados de esas empresas
El informe también detalla un fuerte recorte en el personal de las empresas públicas. La dotación pasó de 90.295 empleados en el primer trimestre de 2024 a 77.367 en el mismo período de 2025. Es decir, 12.928 trabajadores menos, lo que representa una reducción del 14,32%.
Las bajas más significativas se dieron en:
Correo Argentino: -4296 empleados
Operadora Ferroviaria: -1540
Aerolíneas Argentinas: -1559
AySA: -1206
El Gobierno sostiene que el objetivo es mejorar la eficiencia y reducir el peso fiscal de las empresas estatales. Pero el recorte de personal y los déficits persistentes en sectores clave como energía, transporte y servicios públicos plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y el impacto social del ajuste.
