El expresidente Alberto Fernández se presentó ante el juez Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en la causa de los Seguros y pidió su sobreseimiento. Está imputado por administración fraudulenta y por llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública.
“Alberto Fernández ha ofrecido pruebas en esta nueva audiencia. Ha pedido que citen a declarar a Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y también a Miguel Pesce. No está claro en el cúmulo de pruebas que tiene el juez Casanello el número de pruebas”, afirmó su abogada, Marina Barbita.
“Hay que investigar y estamos dispuestos a acompañar esa investigación. El haber firmado un decreto fue beneficioso para el Estado nacional", añadió.
Más tarde se difundió un comunicado en el que se remarcó: “El Dr. Fernández creyó necesario hablar ante el nuevo Magistrado y reafirmar con argumentos y datos objetivos su absoluta ajenidad con el hecho investigado”.
Y se agregó: "La imputación que recae en contra del ex Presidente no es clara, precisa, ni circunstanciada, pero además, el supuesto accionar ilícito consistiría en la firma del Decreto Nro. 823/2021, que lejos de direccionar la comisión de algún delito, buscaba evitar y disminuir la intervención de terceros que pudieran poner en riesgo el patrimonio estatal”.
Detalles de la causa
La acusación se basa primeramente en un decreto firmado por Fernández, que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Ese decreto fue derogado en el gobierno actual.
Pero también, se fundamenta en 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, y hasta una cooperativa que funcionó como financiera. La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada.
A fines de abril, Casanello dispuso levantar el secreto fiscal y bancario del exintendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez y le solicitó a la ARCA un informe detallado de su patrimonio, que incluyó propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.
La hipótesis que averigua la Justicia es que Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Martínez Sosa. Asimismo, se investiga un posible direccionamiento de los contratos, en lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados.
Meses atrás, la Justicia recibió un informe clave elaborado por la PROCELAC. El documento tiene 600 páginas y, según la información de TN, “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” involucrados en el caso.
Una de las personas que incluye es el mencionado Rodríguez, a quien muchos señalan como un eventual testaferro del expresidente, y también analiza al broker Héctor Martínez Sosa.
