El ex presidente Alberto Fernández fue procesado por juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo del sistema de seguros del Estado durante su gestión. Además, le dictó un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283.
Fernández fue acusado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor. La resolución también alcanzó al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández, y a María Cantero, histórica secretaria del ex presidente y esposa del empresario.
La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del ex mandatario.
La causa tuvo un impulso a comienzos de febrero, cuando Casanello asumió el expediente tras el vencimiento de la subrogancia del juez Julián Ercolini. A partir de ahí, el nuevo magistrado ordenó revisar toda la documentación, solicitó nuevas pruebas y profundizó líneas de investigación que no habían sido exploradas en detalle.
Uno de los elementos clave que impulsó el procesamiento fue un informe de 662 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). En ese documento, presentado en mayo, se analizaron los ingresos de Alberto Fernández durante el período en que estuvo alejado de la función pública.
Según la investigación, entre 2010 y 2019 el ex presidente facturó $4.257.000 a la empresa de Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales vinculados al análisis político y económico. La última factura figura con fecha del 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de que Fernández asumiera la presidencia.
Los abogados defensores del ex mandatario aseguraron que se trataba de informes de coyuntura solicitados por el empresario, pero los investigadores consideran que estos vínculos revisten un posible conflicto de intereses, en el contexto de las decisiones que luego se tomaron en el manejo de seguros estatales.
