Con el veto presidencial como bandera, Javier Milei lanzó una advertencia que sonó más a ultimátum político que a estrategia jurídica: si el Congreso insiste con las leyes que aprobó este jueves, el Gobierno las llevará a la Justicia. Pero los constitucionalistas fueron claros y rápidos en la respuesta: el Presidente no puede ir a juicio contra la democracia.
En una jornada caliente en el Senado, la oposición logró aprobar el aumento a las jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y la reactivación de la moratoria previsional. Además, consiguió media sanción a dos proyectos impulsados por los gobernadores: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Todos estos avances contaron con apoyos amplios, en algunos casos superando los 48 votos, es decir, los dos tercios que podrían revertir un veto presidencial.
La declaración de Milei
Y esa posibilidad es la que encendió las alarmas en la Casa Rosada. Milei lo dijo sin rodeos en la Bolsa de Comercio: "Vamos a vetar. Y si no conseguimos los números para sostener el veto, lo vamos a judicializar. Porque el germen socialista ha invadido los cerebros".
Pero mientras en redes sociales aplauden su estilo confrontativo, en el plano institucional el planteo es inviable. “La insinuación de Milei no tiene ningún fundamento constitucional”, explicó el abogado Andrés Gil Domínguez. “Sería absurdo: el Estado Nacional demandando al Estado Nacional. Y encima, la Procuración del Tesoro siendo juez y parte”. En otras palabras: es como si alguien se denunciara a sí mismo por perder una discusión.
Ni caso, ni controversia
Diego Armesto, también constitucionalista, fue categórico: “No se puede judicializar un proceso de sanción de leyes. Si el Congreso logra los dos tercios y ratifica una norma vetada, se convierte en ley, le guste o no al Ejecutivo”. Tampoco sirve disfrazar la jugada de otra cosa. Algunos analistas especularon con que Milei podría presentar una “acción declarativa de certeza” ante la Corte Suprema. Pero el antecedente más directo, cuando Cristina Kirchner pidió que el máximo tribunal avalara sesiones virtuales durante la pandemia, terminó en un rechazo unánime. ¿El motivo? No había “caso ni controversia real”.
“La Corte no es un consultorio jurídico. Su función es resolver conflictos concretos, no asesorar al Ejecutivo sobre cómo gobernar”, resumió el abogado Mariano Bar, especialista en derechos humanos.
Las amenazas judiciales no son nuevas en la retórica de Milei, pero en este contexto suenan a pataleo institucional. Lo que está en juego no es sólo la tensión entre poderes, sino el funcionamiento básico del sistema republicano: el Congreso legisla, el Ejecutivo aplica. El veto es una herramienta legítima del Presidente, pero si el Congreso insiste con la ley, ya no hay margen para litigios. La democracia tiene sus reglas, y la mayoría no siempre juega a favor del que grita más fuerte.
