El kirchnerismo ya comenzó a trazar su estrategia para contrarrestar la chance de que diputados y senadores ligados a los gobernadores den vuelta sus votos, en el marco de negociaciones con la Casa Rosada, y terminen sosteniendo el veto que hará el presidente Javier MIlei a los proyectos que aprobó el Senado ayer.
El senador kirchnerista Mariano Recalde sostuvo que cree que "el Gobierno no va a poder sostener el veto y por eso tanto afán de que no se vote". No obstante advirtió: "Hay que ser precavidos, porque ya hemos visto que gente que votó a favor la invitan a un asado o aparece en la frontera con una valija de dólares y vota distinto”.
"La realidad es que yo en la mayoría de estos gobernadores no confío", agregó Recalde, blanqueando sí la sensación que prevalece por estas horas en la mayoría de los dirigentes kirchneristas.
De hecho, de igual forma se pronunció su colega Oscar Parrilli, quien dijo que “hubo espacios políticos que antes acompañaban al Gobierno y ahora no lo están acompañando”, lo que calificó como “un dato político para tener en cuenta”.
“Me preocuparía que diputados o senadores cambien de postura y se den vuelta en el aire. Va a ser perjudicial para la política, porque en definitiva termina demostrando que hay políticos que terminan vendiendo su voto al mejor postor; no por convicción ni por ideas, sino por intereses personales”, advirtió el neuquino.
El formoseño José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, por su parte, evaluó: "El escenario con los gobernadores cambió porque el Gobierno no entiende razones. Responde con amenazas. Lo del 9 de Julio fue un mensaje muy claro; y por eso se suspendió el acto. Son muy pocos los senadores de gobernadores que no bajaron al recinto. Que vaya Milei a la Justicia... que vaya".
De esa forma se refirió a los dichos de Milei tras la aprobación de los proyectos que molestan al Gobierno, quien ratificó que va a vetar esas iniciativas y que si el veto no lo puede sostener en el Congreso, entonces lo va a "judicializar".
El Senado aprobó este jueves una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que implica un aumento del 7,2% real para haberes y pensiones —excluidos los regímenes especiales—, eleva el bono de $70.000 a $110.000 con actualización automática por inflación y restituye la moratoria previsional por dos años. La norma ya contaba con media sanción de Diputados.
