La Justicia sospecha que Lázaro Báez intentó ceder parte de su patrimonio a su pareja actual para evitar el millonario decomiso que pesa sobre él tras la condena en la causa Vialidad. La maniobra salió a la luz durante una visita reciente que Claudia Noemí Insaurralde hizo al penal donde está detenido el empresario.
Insaurralde habría llevado documentos para que Báez le otorgara poder sobre algunos bienes. El episodio encendió las alarmas en el Servicio Penitenciario y reavivó las sospechas de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes desde hace meses advierten que los condenados podrían intentar desprenderse de sus activos para eludir la devolución de los fondos malversados. El decomiso impuesto a Báez y al resto de los acusados alcanza los 684.990.350.139,86 pesos, equivalente a más de 500 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia judicial argentina.
El pedido de los fiscales
Ante este nuevo indicio, los fiscales solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 una batería de medidas preventivas. La primera: relevar todos los bienes registrados a nombre de Claudia Insaurralde desde 2016 hasta la fecha. La segunda, más amplia: que se extiendan a todos los condenados las mismas restricciones que hoy pesan sobre Báez respecto a la realización de actos jurídicos que afecten su patrimonio.
“Las medidas de restricción impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio deben hacerse extensivas a todas las personas condenadas en esta causa”, señalaron Mola y Luciani en un escrito presentado al tribunal. Además, remarcaron que vienen reclamando desde hace tiempo la adopción de recaudos judiciales para asegurar que el decomiso no sea burlado mediante operaciones encubiertas.
La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 4 aceptó unificar las penas de Báez por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K, estableciendo una condena total de 15 años de prisión. La defensa del empresario había pedido una reducción a 6 años, alegando que ya había estado detenido por lavado de dinero. El reclamo fue desestimado.
En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado elevar la condena a 16 años. Finalmente, el juez Néstor Costabel fijó la pena definitiva y allanó el camino para que avance el proceso de ejecución del decomiso.
El hallazgo de los documentos en poder de Insaurralde no sorprendió a los fiscales. Desde la sentencia, venían advirtiendo sobre la posibilidad de que los condenados intentaran ocultar o transferir activos. Esta situación, según afirman, no hace más que reforzar la necesidad de actuar con celeridad para proteger el interés del Estado.
