La Justicia Federal autorizó por primera vez la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como Ley Antimafia, en una zona específica de la ciudad de Rosario. La medida, firmada por el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, responde a un pedido conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y fiscales del Ministerio Público Fiscal.
Con este fallo, Rosario se convierte en el primer lugar de la Argentina en que se activa formalmente este instrumento legal, previsto para enfrentar organizaciones criminales con fuerte presencia territorial.
Esta disposición forma parte de una estrategia integral que articula el trabajo de inteligencia, la labor operativa y el despliegue judicial para combatir delitos complejos con herramientas hasta ahora no utilizadas en el ámbito local.
Además, está respaldada por la Resolución 572/25 del Ministerio de Seguridad Nacional, que instruyó solicitar la habilitación para implementar recursos excepcionales de investigación en barrios identificados por la reiteración de hechos delictivos graves y la actividad de grupos criminales estructurados.
La audiencia que habilitó esta implementación tuvo lugar en los Tribunales Federales de Rosario y contó con la presencia del subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, quienes representaron al Ministerio de Seguridad.
También acompañaron el planteo los fiscales Diego Iglesias (PROCUNAR), Matías Scilabra (PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Javier Arzubi Calvo (Unidad Fiscal Rosario), en nombre del Ministerio Público Fiscal.
Los Detalles de la ley
La decisión judicial establece el encuadre de una “zona sujeta a investigación especial”, conforme al artículo 4º de la Ley Antimafia, y habilita el uso de herramientas excepcionales de investigación en un perímetro geográfico demarcado.
El objetivo declarado es fortalecer la respuesta del Estado mediante un abordaje más focalizado, dotado de mayores capacidades operativas, logísticas y procesales, para atacar núcleos criminales con operaciones complejas.
Las facultades extraordinarias otorgadas contemplan además la posibilidad de interceptar comunicaciones, realizar vigilancias electrónicas y utilizar otras técnicas específicas, lo que permite una detección más efectiva de vínculos entre distintos actores delictivos. Esta modalidad busca impedir la consolidación de redes delictivas y garantizar la persecución hasta los máximos responsables de las estructuras criminales.
Como parte del esquema diseñado, las tareas de investigación se articularán con el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), coordinando la labor de fiscales federales y provinciales y optimizando recursos.
