En medio de las tensiones por el juicio internacional por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 475/2025, que oficializa una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación. La medida incluye la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, un organismo clave en la formación jurídica estatal, y la creación de una nueva estructura operativa que busca modernizar la gestión, reducir costos y reforzar el control interno.
La decisión se enmarca en el proceso de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno nacional y fue adoptada tras la intervención de organismos técnicos como la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto. El decreto también se vincula con la investigación interna por presuntas filtraciones de información en el litigio por YPF, que derivó en el despido de 60 funcionarios.
Adiós a la Escuela, bienvenida al CEFAP
La Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, creada en 1994, será reemplazada por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que asumirá las funciones de formación, selección y evaluación de los abogados estatales. El nuevo organismo estará presidido por el Procurador del Tesoro e integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Economía y la Secretaría de Transformación del Estado.
El CEFAP será responsable de administrar becas, certificar competencias, definir perfiles técnicos y organizar procesos de selección. También podrá celebrar convenios con universidades y organismos públicos, y sus actividades otorgarán puntaje para la carrera administrativa.
La Procuración del Tesoro, dependiente del Ministerio de Justicia, contará con una estructura de primer y segundo nivel operativo. En la cima estará la Procuración, seguida por la Subprocuración, que asumirá funciones ejecutivas. Las áreas clave incluyen:
Dirección Nacional de Dictámenes: Emisión de opiniones jurídicas vinculantes y criterios uniformes para la administración pública.
Dirección Nacional de Asuntos Judiciales: Estrategia de defensa en juicios y arbitrajes nacionales.
Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales: Defensa del Estado ante tribunales extranjeros y dictámenes sobre deuda externa.
Dirección Nacional de Sumarios y Auditoría: Investigaciones administrativas, control interno y registros de causas relevantes.
Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa: Gestión de recursos humanos, presupuesto, compras y soporte logístico.
Coordinación del CEFAP: Formación, evaluación y perfeccionamiento de los abogados del Estado.
Revisión de recursos y facultades ampliadas
El decreto ordena una revisión exhaustiva de los recursos materiales afectados al funcionamiento de la Escuela, que deberán ser reasignados en un plazo de 90 días. Además, faculta al Ministerio de Justicia a modificar la estructura aprobada, siempre que no implique aumento de partidas ni unidades organizativas. La medida, según los considerandos, busca una administración pública “más ágil, eficiente y orientada a resultados”, en línea con los principios de austeridad y transparencia que promueve el Gobierno.
