Fiel a la postura que siempre mantuvo el gobierno de Javier Milei, desde el momento de su campaña política que lo llevó a la presidencia de la Nación en 2023, las ideas libertarias se mantuvieron en el carril de privatizar todo lo que pueda ser privatizado. Y más si aquellas empresas generaban algún tipo de pérdida o requerían aportes del Estado para poder sostenerse en su funcionamiento. Es el caso, según el Gobierno, de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.(AYSA). Manuel Adorni, el vocero de la Casa Rosada, manifestó hoy viernes en conferencia de prensa el “inicio de la privatización” del ente estatal.
La empresa, dedicada especialmente a la prestación del servicio de agua corriente y cloacas, es la sucesora de “Aguas Argentinas”, que se encontró activa desde 1993, luego de la privatización del gobierno de Carlos Saúl Menem hasta el año 2006, cuando fue “reestatizada” por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner. Hasta el día de la fecha, la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires, son asistidos por el ente estatal.
Los números y el por qué de la privatización
Los datos brindados por el vocero de Balcarce 50 son claros. Desde 2006 el Estado Nacional posee el 90% de las acciones, que durante el gobierno de Kirchner fueron absorbidas bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El Gobierno de Javier Milei, pretende en 2025 entregar ese 90% a empresas privadas, aún no especificadas, y dejar el 10% restante a los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada.
Según los datos aportados por la gestión libertaria, los argentinos debieron transferir mediante aportes del Estado, un total de “13,400 millones de dólares” para que AYSA se sostenga entre los años 2006 a 2023. Además, “la dotación creció un 90%” durante las anteriores gestiones y el nivel de morosidad promedio aumentó, pasando de un 4% promedio a un 16%.
La transferencia que Milei realizará será mediante un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional y una oferta pública inicial. El proceso de privatización estará regulado por la Comisión Nacional de Valores y se ajustará a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar una transferencia eficiente. La gestión libertaria apoya su teoría en que la participación de las empresas privadas en el otorgamiento de estos servicios, esenciales como el agua, son más eficientes fuera de las manos del Estado. Sin embargo, un gran porcentaje de la población posee una visión diferente y algunos ejemplos históricos demuestran que privado, no es sinónimo de eficiencia.
Lo cierto es que el país encara nuevamente una etapa de privatizaciones. Desde la creación de este ente regulador y prestador de los servicios mencionados en 1912, el Estado optó por la privatización en 1993, su “reestatización” en 2006 y nuevamente en 2025, el traspaso una vez más a manos privadas.
