A través de la Resolución 311/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional activó la primera etapa del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, con la puesta en marcha de tres obras estratégicas que serán financiadas íntegramente por el sector privado.
El nuevo esquema de ejecución marca un cambio sustancial respecto a modelos anteriores: por primera vez, informó NA, se adoptará un régimen de concesión integral, en el que la inversión, construcción, operación y mantenimiento de las obras estarán a cargo de empresas privadas seleccionadas mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales. La Secretaría de Energía será la encargada de definir la secuencia y los plazos de los llamados.
Las tres obras seleccionadas:
- AMBA I: reforzará la capacidad de abastecimiento eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una región que representa el 40% del consumo nacional.
- Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins: clave para evacuar energía renovable y convencional desde la región de Cuyo y parte de la generación del sistema COMAHUE.
- Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca: mejorará la conectividad energética de la Patagonia con el sistema troncal del país.
Estas obras forman parte de un conjunto de 16 proyectos prioritarios establecidos por la Resolución 715/2025, enmarcados dentro del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que identifica zonas con alto crecimiento de demanda y déficit de infraestructura eléctrica.
Desde el Ejecutivo explicaron que la planificación técnica fue realizada por la Secretaría de Energía, en conjunto con CAMMESA, ATEERA y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, entre otros organismos especializados. Se detectaron cuellos de botella estructurales, fallas en el servicio y altos costos por generación forzada, lo que impulsó la necesidad de obras urgentes.
En particular, la obra AMBA I se destacó por su impacto inmediato en la reducción de generación ineficiente, mejorando la confiabilidad del sistema eléctrico en el principal centro urbano del país.
Además, el Gobierno defendió el nuevo modelo de ejecución: “A diferencia de experiencias pasadas, esta vez no se comprometen fondos públicos. La iniciativa busca una transformación estructural, con menor gasto estatal, mayor eficiencia y protagonismo privado en la modernización del sistema energético nacional”.
