En una nueva apuesta por mejorar la respuesta estatal frente al delito automotor, el Gobierno nacional activó el Sistema Federal de Identificación de Vehículos con Pedido de Secuestro, una herramienta que busca integrar y modernizar el registro de vehículos robados a nivel nacional, con participación de todas las jurisdicciones del país.
La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 866/2025, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y publicada en el Boletín Oficial. La resolución incluye la aprobación de un convenio de cooperación y asistencia técnica, mediante el cual se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse al sistema, compartiendo sus bases de datos y reforzando la articulación con Nación.
Qué permite el sistema
El objetivo central es ambicioso pero concreto: crear una base de datos federal única, capaz de registrar, consultar y transmitir toda la información vinculada con medidas judiciales en torno a vehículos con pedido de secuestro, tanto del ámbito federal como de las justicias provinciales y de la Ciudad. La nueva herramienta se integrará al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), creado en 2014 para unificar la comunicación entre las fuerzas de seguridad.
“El sistema permitirá fortalecer la búsqueda y localización de vehículos robados, generar alertas en tiempo real y mejorar la cooperación interjurisdiccional”, detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad. Uno de los puntos destacados del nuevo esquema es su compatibilidad con sistemas de lectura automática de patentes (LPR), como los que funcionan en los anillos digitales de control vehicular que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Estas cámaras con tecnología OCR permiten identificar automáticamente matrículas de automóviles, motocicletas, camiones y otros tipos de vehículos, incluso en movimiento, mediante la captura de video.
El sistema fue diseñado para integrarse con dispositivos y plataformas ya operativos, facilitando así su implementación progresiva. Según se precisó, la Subsecretaría de Investigación Criminal, dependiente de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, estará a cargo de emitir los actos administrativos necesarios para su puesta en funcionamiento.
A la par, el Consejo de Seguridad Interior será el organismo responsable de promover la adhesión de las jurisdicciones. Una vez aceptado el convenio, cada provincia contará con un plazo de diez días para designar a un funcionario de contacto, quien coordinará la implementación técnica y operativa del sistema.
Entre los argumentos que sustentan la resolución, se destaca la necesidad de actuar con celeridad frente a un fenómeno delictivo que atraviesa fronteras internas, requiere inteligencia compartida y exige un enfoque sistémico. “Resulta fundamental trabajar de manera coordinada y conjunta entre el Ministerio de Seguridad Nacional y las jurisdicciones provinciales, por medio de las distintas agencias de seguridad, que permitan un abordaje inmediato y eficiente ante la demanda ciudadana”, se remarca en el texto.
La medida también subraya la importancia de que las provincias reafirmen su compromiso con el SIFCOP, para garantizar la actualización constante del sistema con altas y bajas vinculadas a pedidos de secuestro vehicular. Solo con información compartida y en tiempo real, sostienen desde Nación, se podrá actuar con eficacia frente a delitos complejos y redes delictivas que se desplazan entre territorios.
