El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, realizó duras acusaciones contra los 24 policías de alto rango de la Bonaerense que fueron desplazados recientemente. Según afirmó, los agentes habrían intentado organizar una “intervención” institucional dentro de la fuerza, en colaboración con el excomisario retirado Maximiliano Bondarenko, actual candidato libertario en la tercera sección electoral.
El funcionario del gobernador Axel Kicillof aseguró que hay pruebas documentales que respaldan la decisión. Entre ellas, se encuentran archivos informáticos hallados en computadoras oficiales dentro de dependencias estatales, utilizadas para planificar una presunta reforma institucional que implicaba el pase a retiro de jefes actuales para posicionar a los conspiradores en cargos estratégicos.
“Proyectaban una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional y unas medidas urgentes de tipo intervencionistas que, entre otras cosas, incluían el pase a retiro obligatorio de un montón de jefes para que ellos quedaran al frente de las áreas claves”, detalló Alonso en declaraciones a Radio 10.
Una denuncia anónima activó la investigación
De acuerdo con el relato oficial, todo comenzó con una denuncia anónima presentada ante la Auditoría de Asuntos Internos. A partir de allí se inició una auditoría preventiva en dos dependencias policiales clave. Según Alonso, los resultados fueron contundentes: “Cuando llegaron y revisaron las computadoras se certificó que todo lo que decía la denuncia anónima era cierto. Se encontró muchísima documentación, muchos proyectos que no tienen nada que ver con la tarea y la labor policial”.
El ministro afirmó que el grupo de efectivos, pertenecientes en su mayoría a la cúpula de la policía ecológica, se reunía de forma periódica con Bondarenko, a quien señaló como la “terminal política” de la operación. “Utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato, pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que lo descubierto constituye un intento claro de “golpe al comando institucional”. Por esta razón, todos los implicados fueron notificados de su desafectación y el caso fue remitido a la Justicia. Además, insistió en que la ley orgánica prohíbe expresamente la organización política dentro de la Policía Bonaerense.
