La marcha de jubilados, que se viene realizando todos los miércoles en las puertas del Congreso, volvió a ser escenario de incidentes entre los manifestantes y efectivos policiales, lo cual derivó en al menos siete detenciones. Además hubo destrozos en las vidrieras de algunos comercios.
Camiones hidrantes y un cerco de patrulleros rodearon la protesta desde temprano. Promediando la tarde, un grupo de manifestantes intentó avanzar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo y ahí comenzaron los problemas. Los empujones y el lanzamiento de gases lacrimógenos tensaron la situación.
El epicentro del operativo fue el cruce de Avenida de Mayo y Montevideo, donde una columna de al menos cien personas fue interceptada por personal policial que les exigía liberar los carriles en el marco del protocolo antipiquetes.
En medio del forcejeo, se produjeron las primeras detenciones. Según denunciaron desde organismos de derechos humanos, algunos manifestantes fueron marcados con pintura para ser identificados más tarde. La Policía impidió además el ingreso a las inmediaciones del Congreso a toda persona que no fuera legislador, trabajador acreditado o prensa.
A los jubilados que se movilizaron, se sumaron organizaciones referenciadas con el Frente de Izquierda y personas que fueron identificadas con camisetas del club Chacarita Juniors.
La protesta no solo reclamó por mejoras en los haberes -que en agosto llegarán a $314.305-, sino también rechaza el veto presidencial que Javier Milei prometió aplicar sobre el proyecto de aumento aprobado por el Congreso.
El Gobierno recibió la semana pasada los proyectos de ley que establecen un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios, la extensión por dos años de la moratoria previsional vencida en marzo y el incremento del bono de jubilados de $70.000 a $110.000. El Presidente tiene hasta el 4 de agosto para decidir si promulga, veta o judicializa las medidas sancionadas por el Congreso.
