Celulosa Argentina, la histórica papelera con más de un siglo de trayectoria en el país, enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. La compañía informó oficialmente que sus plantas industriales en Zárate (Buenos Aires) y Capitán Bermúdez (Santa Fe) están inactivas, operando solo con tareas mínimas de mantenimiento y con parte del personal que aún no tomó vacaciones.
La decisión fue comunicada a través de una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde la empresa explicó que la paralización de actividades se debe al “marcado deterioro del capital de trabajo”, como parte de una crisis financiera que viene profundizándose desde hace meses.
La deuda que acumula la empresa
Celulosa acumula una deuda que supera los 128 millones de dólares y desde abril inició un proceso de reestructuración que no ha logrado estabilizar su situación. El derrumbe de las ventas en el mercado interno, más del 30% según informó, junto con el aumento sostenido de los costos fijos medidos en dólares, afectaron gravemente su capacidad para generar ingresos.
En mayo cayó en default y en junio presentó una propuesta de reestructuración a sus acreedores. El plan incluye la postergación de pagos de capital por dos años, el pago de intereses reducidos, 3% en dólares y 5% en pesos, y la subordinación del cobro de 21 millones de dólares por parte de su principal accionista. Sin embargo, hasta el momento no logró cerrar ningún acuerdo.
La firma, actualmente controlada por el grupo Tapebicuá Investment Company, integrado por José Urtubey, Juan Collado y Douglas Albrecht, advirtió que continúa “enfocada en la búsqueda de nuevos socios o inversores que permitan recomponer su capital de trabajo y asegurar su continuidad operativa”.
Mientras tanto, los números siguen en rojo. Entre abril y junio, acumuló compromisos financieros por 25 millones de dólares, con más del 56% de su deuda concentrada en el corto plazo. Su último balance, cerrado en febrero, arrojó una pérdida de casi 39 mil millones de pesos.
A esto se suma un nuevo frente judicial: en julio, uno de sus principales acreedores presentó un pedido de quiebra, agravando aún más el panorama. En un intento desesperado por evitar el colapso, Celulosa contrató en abril a la consultora VALO Columbus para diseñar un plan integral de reestructuración. Entre las alternativas que baraja si no hay acuerdo con los acreedores, se encuentra la posibilidad de avanzar con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) judicializado.
El futuro de la papelera está ahora atado a la posibilidad de conseguir inversores que inyecten capital y devuelvan al negocio algo de oxígeno. Mientras tanto, sus plantas están en pausa y el destino de cientos de trabajadores, en vilo.
