Las 160 familias adjudicatarias del Plan Procrear en Avellaneda acusan al Gobierno nacional de haber frustrado su derecho a la vivienda. Las casas que estaban a punto de recibir, fueron entregadas por el Ministerio de Seguridad a agentes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.
El escándalo ya tiene su correlato en los tribunales federales de Comodoro Py, donde Javier Milei y los ministros Patricia Bullrich y Luis Caputo enfrentan una denuncia por estafa e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Las casas, que formaban parte del programa de acceso a la vivienda social lanzado durante gestiones anteriores, estaban terminadas en más de un 95% a fines de 2023. Solo restaba el cambio de la luz de obra por la conexión definitiva.
Por otro lado, las familias ya habían sido sorteadas en un acto público y se encontraban listas para comenzar a pagar sus créditos hipotecarios. Algunas incluso llegaron a recibir las tarjetas bancarias emitidas por el Banco Hipotecario, con el que se canaliza históricamente el plan.
El nuevo Gobierno
Pero con el cambio de Gobierno, todo se paralizó. Primero, el Ejecutivo decidió desmantelar el Procrear. Luego, el Ministerio de Economía, comandado por Caputo, traspasó el control de esas viviendas al Ministerio de Seguridad. Finalmente, en junio de 2025, Patricia Bullrich ejecutó el movimiento que terminó de desatar la polémica: entregó las casas en comodato por diez años a miembros de las fuerzas federales. La operación, sin precedentes en este tipo de políticas habitacionales, encendió todas las alarmas.
La maniobra, que no fue acompañada por una anulación formal de las adjudicaciones previas, es calificada como una “usurpación administrativa” por los abogados de las familias. “El Estado adjudicó esas viviendas mediante un acto administrativo legal y vinculante. No lo revocó. Simplemente dejó correr el tiempo y luego las entregó a otros destinatarios. Esto configura un desbaratamiento de derechos y una estafa”, explicó el letrado Leonardo Martínez Herrero, impulsor de la denuncia penal.
Según consta en la causa, no hubo notificaciones formales que desestimaran las adjudicaciones ni resoluciones que las invalidaran. Por el contrario, los adjudicatarios continuaron realizando gestiones, presentando papeles, y recibiendo respuestas ambiguas por parte de la Secretaría de Vivienda y del Banco Hipotecario, hoy acusado de entorpecer deliberadamente la entrega de documentación clave.
“La decisión fue puramente política. En lugar de cumplir con el deber constitucional de garantizar el acceso a la vivienda, el Gobierno optó por repartir propiedades construidas con fondos públicos entre efectivos de las fuerzas de seguridad, a través de un comodato precario y arbitrario”, señaló el abogado. Las críticas se intensificaron esta semana, cuando Bullrich encabezó un nuevo acto de entrega de viviendas del Procrear, esta vez en Córdoba, también dirigidas a personal uniformado. El hecho reavivó la indignación de las familias afectadas y puso aún más presión sobre el Gobierno, que hasta el momento no ofreció explicaciones claras sobre el destino del resto de los desarrollos habitacionales en situación similar.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de Avellaneda avanza con una demanda civil paralela, en busca de una restitución que permita a las familias recuperar el derecho que consideran legítimamente adquirido. En paralelo, la causa penal intenta establecer responsabilidades individuales y posibles delitos cometidos en la cadena de decisiones que terminó despojando a 160 familias de su sueño de la casa propia.
“Esto no es solo un conflicto administrativo. Es un símbolo del modelo de país que se está construyendo: uno en el que los derechos sociales son pisoteados y la palabra del Estado deja de tener valor”, sentenció uno de los damnificados durante una reciente protesta frente a las viviendas hoy ocupadas por efectivos.
