El próximo miércoles 13 de agosto vence un plazo clave en la causa Vialidad: los condenados deberán depositar $684.000 millones en concepto de reparación por los delitos cometidos contra el Estado. Sin embargo, a horas del vencimiento, la cuenta judicial abierta en el Banco Nación permanece intacta.
De no registrarse movimientos, el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, activará el mecanismo de ejecución de bienes embargados al inicio del proceso. Se trata de una medida que, según los magistrados, es “consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño al erario público” y que busca asegurar que los responsables devuelvan lo obtenido de un hecho que definieron como “un gravísimo acto de corrupción”.
La situación de Cristina Kirchner
En este caso, la reparación es solidaria: no se divide en partes iguales, sino que cada condenado debe acordar con los demás cuánto pagará. Esto complica especialmente la situación de Cristina Fernández de Kirchner, principal figura condenada, quien en 2016 transfirió todo su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y hoy declara como único ingreso su jubilación.
Además, la expresidenta enfrenta otros frentes judiciales con embargos vigentes, como en la causa Hotesur–Los Sauces, donde el TOF 5 rechazó levantar el congelamiento sobre su patrimonio. En ese expediente figuran bienes por US$6 millones en efectivo, medio centenar de propiedades, entre ellas departamentos en Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate, terrenos y vehículos.
En el marco de Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola detallaron bienes susceptibles de ejecución:
-Cuatro cajas de ahorro (tres en pesos y una en dólares).
-Una cuenta comitente y una caja de seguridad en el Banco Galicia.
-Una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz.
-Cuatro cuentas en la Caja de Valores, algunas en condominio con sus hijos o con el fallecido expresidente Néstor Kirchner y Rudy Ulloa.
-Cuentas en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional.
La Justicia también podría optar por una vía más compleja: cuestionar la herencia anticipada a sus hijos y alegar que fue un mecanismo para eludir embargos futuros. Paralelamente, Cristina Kirchner litiga en el fuero de la Seguridad Social para recuperar su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia que recibía como viuda de Néstor Kirchner, beneficios que el gobierno de Javier Milei dio de baja tras su condena. Su defensa argumenta que se trata de “un derecho alimentario” y que su pérdida vulnera derechos humanos básicos como la seguridad social y la subsistencia.
El escenario es claro: si el miércoles no hay depósito alguno, el tribunal podrá iniciar el juicio de ejecución sobre todos los bienes embargados. Pero, dado el entramado patrimonial y legal, llegar a cubrir los $684.000 millones promete ser una batalla judicial tan larga como compleja.
