La justicia Penal de La Plata confirmó la elevación a juicio oral del resonante caso “Chocolate” Rigau, que investiga un millonario desvío de fondos de la Cámara de Diputados bonaerense, y definió que el debate estará a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) V, confirmaron fuentes judiciales en diálogo con #BORDER.
Se trata de un cuerpo colegiado que actualmente se encuentra incompleto: solo lo integran las juezas Carmen Palacios Arias y Ezequiel Medrano, quienes deberán convocar a un tercer magistrado para completar el tribunal en caso de celebrarse el juicio.
En paralelo, el fiscal designado para intervenir en la etapa de juicio, Lucas Domski, presentó formalmente su excusación. El motivo: su íntima amistad con Facundo Albini, uno de los principales imputados. Domski alegó que la relación, que se remonta a los años universitarios y se extendió a vínculos familiares, comprometería su objetividad y la percepción de imparcialidad por parte de las partes y la sociedad.
En su escrito, el representante del Ministerio Público invocó principios de transparencia, objetividad y decoro, además de normas procesales que obligan a apartarse cuando existen lazos que puedan afectar la ecuanimidad de la acusación. “No solo debe haber imparcialidad, sino también apariencia de imparcialidad”, sostuvo, advirtiendo que su intervención podría dar lugar a planteos de nulidad.
Los acusados y los delitos imputados
La causa tiene tres imputados centrales: Julio Segundo “Chocolate” Rigau, ex puntero massista del Frente Renovador platense, y sus exjefes en la Cámara de Diputados, Claudio Albini y su hijo el ahora exconcejal Facundo Albini. Los tres están procesados por asociación ilícita y estafas reiteradas, y cumplen arresto domiciliario, un beneficio que en la práctica es excepcional para procesados en delitos económicos de alta magnitud en la provincia de Buenos Aires.
La lista de “tarjeteros” acusados de estafas reiteradas es extensa: María Amanda Albino, Mabel Susana Alvear, Graciela Del Carmen Anivarro, Daniel Alfredo Mederos, María Cecilia D’ovidio, Raúl Horacio Boragina, Mónica Patricia Carbeta, Brenda Gisele Caro, Marisol Correa, Ernesto Fabián Crivaro, Arturo Teodomiro Falcón Ramírez, Perla Adriana De Micheli, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Flavia Antonella Di Rosa, Raúl Marcelo Folone, José Alberto Da Ponte, Ricardo González, Diego Guillermo Koster, Lucas Damián Lucero, Lidia Leonor Malmaceda, Sheila Belén Maroni, Ágata Solange Plana, Silvia Marcela Pérez, Rubén Alberto Mendivil, Hugo Santiago Muguerza, María Josefina Ortellado, Ramiro Alberto Pascual, Matías Federico Pecile, Juan Martín Méndez, Gerardo Rigau, Enzo Mariano Plana, Patricio Pascual Prieto, Cecilia Raimondo, Carlos Alejandro Raverllat, Cristian Osvaldo Rigau, Álvaro Agra, Ramón Raúl Silva, Maximiliano Gastón Rigau, Aldana Ayelén Rodríguez, Antonio Javier Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Ricardo Mario Sánchez, Ramón Alberto Sosa, Ezequiel Ignacio Tocci, Juan José Tocci, Paula Alejandra Valdata, Juan Marcos Miguel Vallejos y Oscar Antonio Vrcic.
Un expediente que sacudió la política bonaerense
El caso estalló públicamente en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido in fraganti en un cajero automático del Banco Provincia en el centro de La Plata con 48 tarjetas de débito a su nombre y de terceros, pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. Según la investigación, esos plásticos se utilizaban para retirar en efectivo los salarios de personas que figuraban en la nómina legislativa pero que no cumplían funciones reales.
La hipótesis fiscal sostiene que se trató de un esquema de recaudación ilegal sistemática, con el que se desviaron fondos públicos durante varios años mediante contratos “fantasma” y la operatoria de extracción masiva de dinero.
En la primera etapa, el caso estuvo a cargo de la juez Guillermo Atencio y de la fiscal Betina Lacki, quien avanzó con medidas de prueba que incluyeron el análisis de movimientos bancarios, cruces de información laboral y peritajes sobre teléfonos celulares.
La estructura imputada
Para los investigadores, el trío Rigau–Albini padre e hijo encabezaba la asociación ilícita. Rigau sería el encargado de la operatoria diaria y las extracciones de efectivo, mientras que Claudio y Facundo Albini, en sus roles jerárquicos dentro de la Cámara de Diputados, habrían sido responsables de la incorporación y mantenimiento de los contratos truchos, asegurando el circuito de fondos.
Los denominados “tarjeteros” eran las personas que prestaban su nombre para figurar como empleados legislativos, facilitaban sus tarjetas de débito y, según la acusación, recibían a cambio una porción mínima del salario registrado, quedando el resto en manos de la organización.
Próximos pasos judiciales
Con la elevación a juicio confirmada, el TOC V deberá resolver su integración para poder fijar fecha de debate. La excusación del fiscal Domski obligará a designar un nuevo representante del Ministerio Público Fiscal para la etapa oral.
Fuentes judiciales advierten que, dada la magnitud del expediente —con más de 50 imputados y miles de fojas—, el juicio podría extenderse por meses y requerir un importante despliegue de recursos. El caso, por su impacto institucional y político, será seguido de cerca tanto por la prensa como por el arco político bonaerense.
