En el marco de una reforma orientada a fortalecer la política criminal del Estado, el Gobierno nacional oficializó la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, un organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 582/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Mariano Cúneo Libarona.
La nueva entidad será la autoridad de aplicación del Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividades ilícitas, incautados en causas penales de competencia nacional y federal, así como en procesos de extinción de dominio. Su puesta en marcha está prevista para dentro de 45 días hábiles.
Una estructura para transformar activos ilícitos en recursos públicos
Según datos del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados, entre 2012 y 2023 se inscribieron más de 3.200 bienes decomisados. “Ello evidencia la necesidad de contar con una estructura especializada que permita transformar dichos activos en recursos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas”, señala el decreto.
La Oficina tendrá a su cargo tareas como identificación, registro, inventariado, valuación, custodia, conservación y administración de los bienes incautados. La entrega de estos elementos deberá ser coordinada con el Poder Judicial, y su destino será definido por el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional.
Además de su rol técnico, la Oficina colaborará con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en procesos de enajenación, concesión y permisos de uso gratuito. También deberá elaborar informes periódicos de gestión, confeccionar una Memoria Anual y proponer convenios con organismos públicos, universidades y entidades privadas.
El organismo será dirigido por un titular con rango de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo. Para ocupar el cargo se exige ciudadanía argentina, título universitario en Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, Administración o disciplinas afines, y experiencia comprobable en gestión pública o patrimonial, preferentemente en ámbitos judiciales.
Una herramienta contra el crimen organizado
Desde el Ministerio de Justicia destacaron que la Oficina será “una herramienta clave para el fortalecimiento de la política criminal del Estado Nacional relativa al recupero patrimonial derivado del delito y como mecanismo de prevención, disuasión e impacto económico sobre las organizaciones criminales”. La medida complementa otras iniciativas orientadas a despojar al crimen organizado de sus elementos de valor y canalizar esos activos hacia el interés público.
