Mientras el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue generando tensión en el Congreso Nacional, el Gobierno avanza con una ofensiva silenciosa pero contundente: la revisión masiva de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL), bajo la hipótesis de que miles de ellas fueron otorgadas de forma irregular durante gestiones anteriores y por la cuál el Ejecutivo lleva a cabo una minuciosa auditoría.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó una licitación para contratar 720.000 servicios postales destinados al envío de cartas documento en todo el país. El objetivo: notificar suspensiones de pensiones a beneficiarios que no hayan presentado la documentación requerida. El operativo, que comenzó en febrero, ya dio de baja más de 110.000 prestaciones, además de otras 18.000 por fallecimiento o renuncia voluntaria.
Una auditoría que se expande
El pliego oficial no implica que se suspenderán 720.000 pensiones, pero sí marca la escala del proceso. “A veces hay que mandar dos cartas documento”, explican desde el Gobierno. La entrega debe realizarse en 48 horas hábiles, con un segundo intento obligatorio si el primero falla. Si no hay respuesta, la pieza se devuelve al remitente tras cinco días.
Además de las cartas documento, el pliego contempla cartas certificadas, expreso y encomiendas, superando las 730.000 piezas postales. La logística está a cargo de ANDIS y PAMI, que coordinan el envío a los más de un millón de beneficiarios registrados hasta comienzos de año.
Según estimaciones oficiales, el desvío de fondos por pensiones mal otorgadas podría rondar los 1.000 millones de dólares anuales. Con las bajas recientes, el Ejecutivo calcula un ahorro mensual de 35.000 millones de pesos. Actualmente, la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida señalando que el 60% de los beneficiarios no presentó la documentación exigida. “Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras ni catástrofes naturales”, dijo, comparando la situación con la de Israel, donde el porcentaje de población con pensión por discapacidad es menor.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 534/2025, buscaba regularizar pagos, actualizar aranceles y compatibilizar pensiones con empleos formales. La emergencia se extendía hasta diciembre de 2027 e incluía reformas en el sistema de pensiones y en la gestión de ANDIS.
El Gobierno argumentó que la norma implicaba un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento claras. En paralelo, organizaciones sociales y prestadores de servicios denunciaron un vaciamiento del sistema y alertaron sobre la caída de prestaciones esenciales.
Una política de impacto profundo
La revisión de pensiones y el veto a la ley configuran una política integral que redefine el vínculo del Estado con las personas con discapacidad. Para el oficialismo, se trata de corregir distorsiones y proteger el equilibrio fiscal. Para los sectores afectados, es una ofensiva que pone en riesgo derechos básicos. El Congreso deberá decidir si insiste con la ley vetada. Mientras tanto, las cartas documento siguen saliendo, una por una, marcando el pulso de una política que avanza sin pausa.
