El fiscal federal Ramiro González formalizó la petición para que el ex presidente Alberto Fernández enfrente un juicio oral y público por las acusaciones de violencia de género que le formuló su ex pareja, Fabiola Yáñez.
En su dictamen presentado ante el juez federal Julián Ercolini, González consideró que la investigación está concluida y que no quedan pruebas pendientes por recolectar. El fiscal imputó a Fernández por los delitos de lesiones leves y graves agravadas por el contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas. De ser condenado, podría enfrentar una pena de hasta 18 años de prisión.
La querella que representa a Yáñez había solicitado la elevación a juicio hace un mes. Ahora, con la presentación del dictamen fiscal, la defensa de Fernández, liderada por la abogada Silvina Carreira, deberá manifestar su postura. El juez Ercolini notificó a la defensa y les otorgó un plazo de seis días, con opción a prórroga, para responder. Posteriormente, el magistrado decidirá si eleva la causa a juicio oral. Si se confirma la elevación, se sorteará un Tribunal Oral Federal que llevará adelante el proceso judicial.
El inicio de esta causa se remonta a agosto del año pasado, cuando se desprendió de otra investigación en la que Fernández está procesado por presunta corrupción relacionada con contratos de seguros durante su mandato. Durante el análisis del teléfono celular de María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente, se hallaron mensajes con Yáñez donde ella enviaba fotografías de moretones y relataba agresiones sufridas.
En un primer momento, Yáñez decidió no presentar una denuncia formal. Sin embargo, tras la difusión pública del caso, optó por realizar la presentación judicial que dio origen a la investigación.
En el marco de la causa, declararon familiares de Yáñez, médicos y empleados de la Quinta de Olivos, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos. El juez Ercolini procesó a Fernández, concluyendo que golpeó a Yáñez en al menos dos oportunidades, causándole moretones en el brazo y el ojo derecho, además de coaccionarla para que no realizara la denuncia penal. Esta resolución fue confirmada en abril por la Cámara Federal.
Los jueces de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Eduardo Farah, indicaron en su fallo que existían “fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”.
