Este lunes se oficializó, a través de la publicación en el Boletín Oficial, el rechazo del Congreso a cinco decretos emitidos por el presidente Javier Milei. La Cámara de Diputados y el Senado plasmaron su desacuerdo en documentos firmados por sus máximas autoridades, marcando un revés legislativo para el Ejecutivo nacional.
Los documentos llevan la firma de Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, y Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado. Los cinco decretos afectados son el 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25, que habían sido emitidos bajo la facultad delegada al Poder Ejecutivo por un año mediante la Ley Bases, cuyo plazo concluyó el 8 de julio.
Las modificaciones contenidas en estos decretos abordaban aspectos sensibles como la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la reforma del régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la fusión de organismos históricos y culturales, y la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Los detalles
La Resolución 94/2025 proponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Además, planteaba renombrar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La Resolución 39/2025 buscaba establecer un nuevo marco regulatorio para la Marina Mercante Nacional, con el objetivo de potenciar su competitividad. Entre sus cambios destacaba la aprobación del Régimen de Excepción para la Marina Mercante, que incluía modificaciones en la Ley de la Navegación Nº 20.094 y flexibilizaciones para el cabotaje con barcos de bandera extranjera.
Por otro lado, la Resolución 43/2025 disponía la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, creando una unidad organizativa única, mientras que la Resolución 44/2025 proponía transformar al Banco Nacional de Datos Genéticos de un organismo descentralizado a uno desconcentrado, bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.
Finalmente, la Resolución 94/2025 también implicaba la reorganización de agencias vinculadas al Ministerio de Economía, como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), cuyos roles serían reasignados a otras dependencias del área.
Estas decisiones reflejan un claro posicionamiento del Poder Legislativo frente a medidas impulsadas por el Ejecutivo que impactan en sectores estratégicos y organismos con arraigo histórico y social en el país.
