El Gobierno nacional implementó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor, conocida como Vupra, con el objetivo de simplificar y centralizar los pagos relacionados con la compraventa, inscripción, radicación y transferencia de vehículos.
Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 572/2025, publicada en el Boletín Oficial, y estará vigente a partir del 1 de noviembre. Para su puesta en marcha, se requerirá la adhesión de cada una de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, que deberán asumir los costos de implementación y asegurar la interoperabilidad con sus sistemas locales.
La plataforma permitirá abonar en un único lugar los aranceles registrales, impuestos provinciales y municipales, tasas y multas de tránsito. Además, todas las operaciones contarán con trazabilidad electrónica y estarán sujetas a la Ley de Protección de Datos Personales.
La palabra de Justicia
El ministro Mariano Cúneo Libarona, destacó en el texto oficial que “Vupra busca optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la atención al ciudadano mediante el uso de tecnologías digitales. La iniciativa fomenta eficiencia económica y promueve una gestión pública más transparente y accesible”.
Con esta herramienta, los usuarios podrán verificar la existencia de deudas impositivas o multas antes de concretar cualquier trámite de transferencia o radicación, evitando así múltiples pagos fragmentados en diferentes instancias.
Según el documento, “Agilizará la percepción de aranceles y el pago de impuestos, tasas y multas por infracciones de tránsito y permitirá que las personas involucradas en el trámite registral puedan verificar la existencia de posibles deudas relacionadas a impuestos y tasas vinculados a la radicación y transferencia de dominio de los automotores, y a multas por infracciones de tránsito, con lo cual aportará claridad y transparencia a la operación registral”.
Esta iniciativa se suma a otras reformas recientes en el sector automotor, tales como la eliminación de la Cédula Azul en 2024, la supresión del Régimen Informativo de Compraventa de Vehículos Usados, la reducción de costos en las licencias de conducir y la flexibilización en la importación de autos usados.
