Durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, el empleo en el sector público sufrió una disminución significativa. Según un informe oficial divulgado por el Ministerio de Desregulación y Transformación, liderado por Federico Sturzenegger, desde diciembre de 2023 se eliminaron más de 53 mil empleos estatales.
El reporte detalla que la nómina estatal experimentó una reducción del 10,6% en ese período. Solo en julio se registró una baja de 1.164 puestos, sumando un total acumulado de 53.345 empleos perdidos. Los sectores más afectados fueron las empresas públicas y la Administración Pública Nacional (APN).
En las compañías estatales, la cantidad de empleados descendió de 91.166 a 74.280, lo que representa una caída del 18,5%. Por su parte, la APN redujo su personal de 205.550 a 174.430 trabajadores, equivalentes a 31.114 puestos menos y una baja del 15,1%.
Las modalidades de contratación fueron las que más retrocedieron: los contratos bajo la Ley Marco disminuyeron un 22,1% y los contratos LOYS se desplomaron un 52,4%. Además, el personal permanente y transitorio también descendió, aunque en menor medida, con una caída del 9,4%.
El informe oficial destacó que estas reducciones generaron un ahorro anual de u$s1.053 millones en salarios. Sumando gastos vinculados al funcionamiento de oficinas, servicios y equipos, el ahorro total alcanzó u$s2.106 millones. En detalle, los contratos bajo Ley Marco aportaron u$s512 millones, los puestos permanentes y transitorios u$s594 millones, y los contratos LOYS u$s128 millones.
La cartera a cargo de Federico Sturzenegger explicó que estas medidas forman parte del plan de “eficiencia y austeridad” del gobierno. Además, anticipó que continuarán con nuevas reducciones de personal y la eliminación de áreas consideradas no esenciales.
Desde el Ejecutivo se defiende el recorte en el empleo público como una herramienta fundamental para disminuir el gasto estatal. Sin embargo, la pérdida de más de 53 mil puestos desde diciembre pasado ha generado inquietud entre trabajadores y gremios, quienes advierten sobre las posibles repercusiones sociales y económicas que estas decisiones puedan ocasionar.
