Las autoridades de un polo educativo de la ciudad Mar del Sud, compuesto por un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria, fueron acusados de la distribución de agua no potable y la presunta falsificación de documentos. Esto llevó a la apertura de una causa y a la realización de una serie de allanamientos, el pasado miércoles, en varias localidades del partido bonaerense de General Alvarado, donde está ubicada la ciudad.

La investigación es dirigida por el fiscal federal Carlos Martínez, de la Unidad Fiscal Mar del Plata. La misma se inició hace cuatro meses luego de la denuncia de un padre por posibles casos de contaminación del agua ya que, junto a otras familias, había registrado episodios de gastroenteritis en niños y adolescentes durante el año pasado.

Ante estas alertas, la cooperadora de las escuelas mandó a hacer un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua. Un laboratorio privado analizó una muestra poco antes del inicio del ciclo lectivo 2025 y el resultado, que se conoció el 5 de marzo, develó que el agua no era apta para el consumo humano.

Según determinaron los profesionales, tenía presencia de escherichia coli (indicadora de contaminación fecal) y pseudomona aeruginosa, ambas potencialmente peligrosas para la salud. Cuando le comunicaron el hallazgo a las autoridades escolares, estas suspendieron las clases por un día, de acuerdo a la reconstrucción de la fiscalía.

También convocaron a una reunión con las familias donde referentes del Consejo Escolar de General Alvarado mostraron dos análisis de agua, hechos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que aseguraban la potabilidad con firmas de una perito química.

Sin embargo, esto no le pareció suficiente al padre denunciante, ya que se acercó a la facultad y pidió hablar con la supuesta firmante del estudio. Ella le concedió la charla y le dijo que nunca firmó esos informes, motivo por el cuál luego él realizó la denuncia en la fiscalía marplatense.

Cuál es la hipótesis hasta ahora

Luego de la presentación, el fiscal Martínez dispuso una batería de medidas. Entre ellas, pidió registros domiciliarios y el secuestro de teléfonos y computadoras del principal señalado en la causa: un contratista del Consejo Escolar cuya tarea es la limpieza de tanques y el análisis de agua en escuelas de Miramar y localidades vecinas, conforme a lo informado por fuentes judiciales a Infobae.

Además, solicitó toda la documentación relacionada con la potabilidad del agua y las actas de reuniones vinculadas al tema en los establecimientos afectados y la sede central del Consejo Escolar.

El avance de la investigación y el material reunido, como mensajes y audios, permitieron identificar a otras cuatro personas del Consejo Escolar presuntamente involucradas. La hipótesis de los investigadores hasta el momento es que las autoridades de las escuelas estaban al tanto de la contaminación del agua, y aun así presentaban documentación falsa ante la comunidad educativa para certificar lo contrario.

Finalmente, los equipos de la Unidad Fiscal Mar del Plata y el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos ya tomaron declaraciones testimoniales a personal de los tres establecimientos de Mar del Sud.