La causa que expuso el circuito de sobornos más documentado de la historia argentina está a punto de entrar en su etapa final. Pero antes de que se abra el debate oral, más de treinta imputados, entre ellos empresarios de peso y exfuncionarios kirchneristas, intentan cambiar el rumbo: pidieron acogerse a una figura legal que les permitiría evitar el juicio a cambio de una reparación económica.
El Tribunal Oral Federal N.º 7 convocó una audiencia virtual para el 12 de septiembre, donde se escucharán los planteos. La fiscal Fabiana León, que representa al Ministerio Público, será la encargada de evaluar si los pedidos tienen sustento. La estrategia busca aplicar el mecanismo de “reparación integral”, una vía que permite extinguir la acción penal si se acredita el resarcimiento del daño causado.
147 procesados, 630 testigos
La causa Cuadernos, elevada a juicio hace cinco años por el fallecido juez Claudio Bonadio, involucra a 147 procesados, 630 testigos y seis expedientes conexos. En el centro de la escena está Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita que habría funcionado desde el Ministerio de Planificación para recaudar sobornos de contratistas del Estado.
El relato judicial se apoya en los registros del chofer Oscar Centeno, quien durante años anotó con precisión los recorridos de bolsos con dinero, supuestamente entregados por empresarios a funcionarios públicos. La Cámara de Casación confirmó la acusación y allanó el camino hacia el juicio oral, que comenzará el 6 de noviembre y se celebrará todos los jueves.
La fiscal León definió el expediente como “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”. Los embargos vigentes superan los 1.100 millones de dólares, y alcanzan a la expresidenta y su patrimonio.
La audiencia organizativa previa al juicio fue fijada para el 24 de septiembre. Allí se delimitará la prueba que será admitida en el debate, con el objetivo de evitar reiteraciones y concentrarse en los hechos controvertidos. El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signor, Germán Castelli y Fernando Canero.
La acusación
La Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado el año pasado que existió una estructura de recaudación ilegal a través de la cual empresarios contratistas del Estado entregaban dinero a funcionarios a cambio de concesiones, negocios y obras públicas.
El caso se destapó con los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta (mano derecha de Julio De Vido), donde durante años registró con detalle los traslados de bolsos con dinero presuntamente millonario. Según la investigación, el mecanismo operaba con “puntos fijos de recaudación”, donde los empresarios entregaban efectivo en dólares a funcionarios.
Cristina Kirchner llega al juicio acusada de haber dirigido una asociación ilícita. Los empresarios, en cambio, fueron sobreseídos por asociación ilícita y solo responderán por cohecho (pago de sobornos).
