El Gobierno envió al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario que había aprobado la oposición, que analiza si buscará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles, cuando debería reunir los dos tercios de Diputados para lograrlo.
La iniciativa había sido aprobada en la cámara baja a principios de agosto con una mayoría de 158 votos afirmativos, que, de todos modos, no llega a los dos tercios.
En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada, con plazo máximo para hacerlo hasta este jueves.
La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente.
La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, principal baza del plan económico libertario. De hecho, en el veto ya publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señaló que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos.
El Gobierno también argumentó que la ley generaría, en caso de entrar en vigencia, traería aparejado un aumento significativo del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Según la Casa Rosada, eso sólo podría financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación.
