El Gobierno designó a Nicolás Dapena Fernández como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), pero su permanencia en el cargo fue efímera: tras 15 horas, presentó su renuncia.
El propio Dapena Fernández comunicó su decisión a través de Linkedin: “Desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de director ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos los buenos deseos”.
Una fuente oficial explicó que “muchos funcionarios aceptan los cargos y después, cuando empiezan a entender lo que conlleva la firma, la diaria, se les hace complejo. Aceptó y cuando dimensionó, pasó esto”. Además, agregó que “los sueldos del director ejecutivo son bajos y se dio cuenta de que con su trabajo de consultoría externa no iba a dar abasto. Fue una decisión personal”.
La designación de Nicolás Dapena se produjo en el marco de una serie de nuevos nombramientos realizados por el Gobierno luego de la restitución de varias dependencias que el Ministerio de Desregulación había disuelto.
Con la Ley Bases, el Congreso otorgó a Javier Milei facultades delegadas para eliminar organismos. Sin embargo, tras el rechazo del Poder Legislativo a estos decretos, entre ellos la disolución de la ANSV, el oficialismo debió rearmar las dependencias y recontratar personal.
Además de la ANSV, otros organismos descentralizados como Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) atravesaron procesos similares.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene como misión reducir la siniestralidad en todo el país, trabajando con todas las jurisdicciones. Entre sus funciones principales están la emisión de todas las licencias de conducir y la fiscalización de los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Este organismo depende de la Secretaría de Transporte, que forma parte del Ministerio de Economía.
