El Gobierno Nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La operación contempla la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado mantendrá el 51% del capital accionario y, con ello, el control de la compañía.
Además, se implementará un Programa de Propiedad Participada que permitirá a los trabajadores acceder hasta al 5% del capital social. “Este esquema busca incluir a quienes sostienen el funcionamiento de la empresa en el nuevo modelo accionario”, señalaron desde la Secretaría de Energía.
El por qué de la decisión
La decisión se enmarca en un cambio de paradigma en el financiamiento estatal. Durante 2023, NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado por un valor de $700 millones (unos USD 2 millones a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió ninguna asistencia directa, lo que marca un giro hacia un modelo de mayor participación privada.
“La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva”, explicaron desde el Ministerio de Economía. La medida forma parte del Plan Nuclear Argentino y apunta a sostener proyectos estratégicos como la extensión de vida útil de la Central Nuclear Atucha I, prevista para 2027, y el desarrollo del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).
Actualmente, NASA es una de las pocas empresas estatales con superávit: en el primer trimestre de 2025 registró un resultado financiero positivo de $17.234 millones. Las tres centrales bajo su operación aportan el 7% de la generación eléctrica nacional, con una potencia instalada de 1763 MW.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida en conferencia de prensa: “Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización. Esta política representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos”.
Sin embargo, desde sectores técnicos advierten sobre los desafíos del proceso. “Conceptualmente es un buen camino, pero el Gobierno debe generar un marco atractivo para el mercado y beneficios claros para el Estado. Si la regalan, sería un problema”, opinó el ex subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano.
La licitación se realizará en los próximos meses, y el decreto que habilita la operación será publicado esta semana. El Gobierno busca equilibrar eficiencia operativa con soberanía energética, en un sector considerado estratégico por su impacto en la matriz eléctrica nacional.
