El artículo 73 del Presupuesto 2026 propone eliminar la movilidad automática que garantizaba la actualización por inflación de las Asignaciones Familiares, una medida que afecta a beneficios como la Asignación por Hijo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la prenatal y la escolar.
Esta modificación implica que los aumentos dejarán de ser automáticos y pasarán a depender exclusivamente de las decisiones del Ejecutivo, lo que introduce un grado significativo de incertidumbre para millones de familias que reciben estas prestaciones.
Como antecedente, en diciembre de 2023 la Asignación por Hijo era de $20.661, y para agosto de 2025 había aumentado a $56.475, un incremento del 173,3%. En el mismo período, la AUH pasó a $112.942, lo que representa un alza del 446,6%, aunque estos aumentos se otorgaron por decreto y no mediante una actualización automática.
Actualmente, las Asignaciones Familiares se ajustan por inflación a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, pero con el nuevo presupuesto esta garantía desaparecería, dejando la actualización en manos de la voluntad política del gobierno en ejercicio.
Además, la cantidad de beneficiarios de las Asignaciones Familiares ha disminuido notablemente. En noviembre de 2023, 10,4 millones de personas recibían estos beneficios, mientras que en mayo de 2025 la cifra bajó a 9,4 millones. La mayor reducción se observó entre trabajadores formales, con la Asignación por Hijo para asalariados registrados cayendo de 3,9 a 2,9 millones de beneficiarios.
Esta disminución no fue casual, ya que el Gobierno redujo los límites de ingreso familiar para acceder a las asignaciones: de $3.960.000 en diciembre de 2023 a $2.154.806 en marzo de 2024, dejando fuera a cientos de miles de familias trabajadoras. A esto se sumó la caída del empleo formal que también afectó la cobertura.
Por otro lado, para las familias que superan estos topes y no reciben asignaciones, el alivio está en las deducciones del Impuesto a las Ganancias. Por ejemplo, un trabajador con un hijo cuenta con un mínimo no imponible de $2.520.530 brutos, frente a $2.329.750 para quienes no tienen hijos. Este escenario genera un esquema regresivo: los sectores con menores ingresos dependen de la discrecionalidad del Ejecutivo para sus asignaciones, mientras que quienes tienen mayores ingresos acceden a beneficios fiscales más estables.
