La ciudad de Allen, en Río Negro, atraviesa una profunda crisis política y económica que tiene al intendente libertario Marcelo Román en el centro de la polémica. La tensión comenzó a escalar luego de que el jefe comunal despidiera a 20 trabajadores municipales, lo que derivó en un paro y denuncias por las precarias condiciones laborales y el mal estado de los vehículos usados para servicios públicos.
La Secretaría de Trabajo de Río Negro intervino y ordenó la reincorporación de los empleados despedidos como parte de una conciliación obligatoria. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron: Román ofreció un aumento del 1%, propuesta que fue rechazada por los trabajadores. La situación se agravó cuando la misma Secretaría clausuró los camiones de recolección de basura, dejando las calles de Allen cubiertas de residuos.
Lo insólito
En una medida sin precedentes, el intendente salió personalmente a recoger la basura junto a concejales y funcionarios, aunque el problema persiste. Paralelamente, el Concejo Deliberante de Allen, compuesto por nueve integrantes, rechazó el pedido de Román para declarar la emergencia económica en el municipio, una iniciativa que buscaba mitigar un déficit estimado en 400 millones de pesos. "La rechazaron, no dijeron el porqué. La idea es reducir un supuesto déficit de 400 millones de pesos que aducen ellos. Lo vamos a tratar con la secretaría de Hacienda, con el equipo técnico de legales", afirmó el intendente.
Román atribuyó la crisis a la situación económica nacional y reconoció errores en la gestión: "Llegamos a esta situación por una crisis económica nacional. Lamentablemente hemos tomado a veces decisiones que no fueron las acertadas. Y sobre todo, teniendo en cuenta que uno confía en los secretarios, los asesores técnicos. Hago un mea culpa, soy el responsable de esta situación porque soy el intendente de la ciudad, sino no estaría acá".
Más problemas
El conflicto se profundiza con denuncias penales en curso. El Tribunal de Cuentas municipal alertó sobre gastos millonarios considerados excesivos para la comuna, destacando que se destinaron 576 millones de pesos a la Fiesta Nacional de la Pera, además de 14 millones y casi 1 millón para el 'Triatlón de la Pera' y otros festejos. En mayo renunció la secretaria de Hacienda, Griselda Morell, quien denunció la influencia de un "asesor externo" que actuaba como funcionario sin cargo formal. Este empresario mediático, Sebastián Ocampo, está siendo investigado por uso indebido de un celular pagado por la comuna y acusado de "usurpación de autoridad y participación en peculado".
Ante estas investigaciones, Román dejó la vicepresidencia de La Libertad Avanza en Río Negro pero continúa afiliado al partido. Además, la Fiscalía de General Roca indaga en irregularidades vinculadas a la gestión municipal. La crisis política se refleja también en la renuncia de varios funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete Benjamín Marín y la secretaria de Desarrollo Social, Marta Escobar.
